El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela firmaron este fin de semana en México un acuerdo para liberar tres mil millones de dólares bloqueados por sanciones, al que Estados Unidos respondió con una flexibilización de sus restricciones petroleras contra el país caribeño.
El acuerdo establece que la oposición y el gobierno venezolanos tendrán que cooperar en cuanto a gastos humanitarios, como el pago de proyectos de atención médica o la reparación de las redes eléctricas. Luego de firmar el convenio, en la reactivación de las negociaciones después de 15 meses de suspensión, la administración de Joe Biden autorizó al gigante energético Chevron retomar parcialmente sus actividades de extracción de petróleo en Venezuela.
Acuerdo por fondos congelados
Delegados del presidente Nicolás Maduro y la oposición acordaron «hacer todas las gestiones ante las autoridades e instituciones, nacionales y extranjeras» para «obtener los fondos legítimos de la República que se encuentren congelados en el sistema financiero internacional» y utilizarlos en proyectos sociales, según el documento leído por Dag Nylander, representante de Noruega, país facilitador de los diálogos.
El dinero desbloqueado será empleado para inversiones en el sistema de salud y educativo, la recuperación de servicios básicos como la electricidad y la atención de la crisis generada por lluvias que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierras. El documento no precisa el monto de los fondos pero Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de Maduro, dice que asciende a tres mil millones de dólares. El fondo, dijo el líder negociador de la oposición Gerardo Blyde, «será administrado por la ONU».
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, tomó nota del pedido y le dio la bienvenida al acuerdo logrado en México. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría, Guterres alentó a los principales actores políticos de Venezuela a seguir comprometidos con las negociaciones de México y destacó que el acuerdo social es «un hito importante» que tiene el potencial de «generar beneficios más amplios para el pueblo de Venezuela».
Quedan pendientes en la mesa temas centrales como las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2024. La oposición exige fijar condiciones para esos comicios, luego de acusar a Maduro de reelegirse fraudulentamente en 2018.
En una declaración conjunta Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá recibieron con «beneplácito» la reanudación del diálogo y pidieron «buena voluntad para alcanzar un acuerdo global que conduzca a la celebración de elecciones libres y justas». También aseguraron su «disposición a revisar el paquete de sanciones en caso de progresos sustanciales» de parte de Caracas.
Avance por Chevron
Las sanciones buscaron, sin éxito, la salida de Maduro del poder en un país que vio emigrar a unos siete millones de personas por su crisis política y económica, según Naciones Unidas. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, publicó en Twitter que el acuerdo es «un paso importante hacia la restauración de la democracia».
En ese marco, el Departamento del Tesoro autorizó a Chevron a retomar parcialmente las actividades de la empresa de la que es copropietaria en Venezuela con la estatal petrolera Pdvsa, siempre que se asegure de que esta «no reciba ningún ingreso de las ventas de petróleo realizadas por Chevron». La compañía celebró la decisión en un comunicado en el que asegura estar decidida a «seguir siendo una presencia constructiva en el país».
Sin embargo, el Departamento de Estado subrayó que el resto de las sanciones impuestas por Washington al gobierno venezolano seguirán aplicándose «vigorosamente». Estados Unidos mantiene contactos directos con Maduro tras el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania y admite que el petróleo venezolano podría resultarle útil en un mercado internacional de precios altos y un contexto de fuerte inflación interna debida, en gran medida, al aumento de los combustibles.
El gobierno y la oposición venezolana entablaron diálogos en México en agosto de 2021 luego de dos iniciativas fallidas en 2018 en República Dominicana y 2019 en Barbados, pero Maduro los congeló dos meses después por la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, enjuiciado por lavado de dinero. Washington sospecha que Saab es un testaferro de Maduro, algo que Caracas niega. En esta nueva ronda de diálogo, el gobierno venezolano incluyó en su equipo negociador a Camila Fabri, esposa de Saab.