Desde Lima
Rodeada por sus ministros y la cúpula militar y policial, la presidenta Dina Boluarte respaldó este sábado en conferencia de prensa la acción represiva de las fuerzas de seguridad contra las protestas populares. Represión que ha dejado veintiún muertos y más de doscientos heridos, en muchos casos por impactos de bala. Este sábado la represión alcanzó al partido de izquierda Nuevo Perú, con representación parlamentaria, y a una organización campesina, cuyos locales en Lima fueron allanados por la policía. Después de respaldar a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra la población, Boluarte llamó a un diálogo, pero las acciones de su gobierno y un discurso que criminaliza las protestas no contribuyen a ese diálogo. En medio de una crisis que se agrava, también anunció la recomposición de su gabinete ministerial, que juramentó hace solo una semana. El viernes renunciaron dos ministros cuestionando la represión gubernamental.
«No entiendo»
“No entiendo la violencia en las calles. Yo no pedí estar aquí”, dijo Boluarte ante los medios. A las demandas para que renuncie, respondió: “Con mi renuncia no se resuelve el problema. Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones”. Justificó la represión como una respuesta a “actos vandálicos” durante las manifestaciones. Se han dado acciones de vandalismo durante las masivas movilizaciones sociales, pero el grueso de las protestas no puede ser reducido a vandalismo como pretende la derecha. Detrás de las protestas que se han extendido por el país hay genuinos reclamos por demandas sociales largamente desatendidas y la exigencia de nuevas elecciones lo antes posible, una expresión del rechazo contra la clase política. Rechazo que en las calles apunta contra el Congreso que controla la derecha.
En esa conferencia de prensa dada en Palacio de Gobierno, el comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Gómez de la Torre, parado a unos metros de la presidenta, vestido con traje de campaña, hizo una apología de la represión contra las protestas. Boluarte y sus ministros lo escucharon atentamente. El militar calificó a los manifestantes de “malos peruanos” y los acusó de “generar el caos”. Dijo que las protestas de estos días son “una amenaza a la seguridad nacional”. Con veintiún muertos y más de doscientos heridos en la cuenta de la represión, el general dijo que la intervención militar y policial era “para salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos, y nuestros activos críticos”. Afirmación que debe haber sonado como un mazazo de cinismo entre las poblaciones víctimas de la represión. Otros jefes militares también hablaron en esa conferencia en el mismo tono.
Razzia policial
Al tiempo que Boluarte respaldaba la represión de las fuerzas de seguridad, no muy lejos de ahí la policía irrumpía, sin orden judicial, en los locales del partido de izquierda Nuevo Perú (NP), fundado por la excandidata presidencial Verónika Mendoza, y de la Confederación Campesina del Perú, histórica organización del campesinado. Ambos locales se encuentran contiguos, en el centro de Lima. Ahí estaban alojadas más de veinte personas llegadas desde el interior del país para sumarse a las movilizaciones de protesta en la capital. En las afueras de ambos locales, que fueron cercados por la policía, hubo protestas contra la intervención.
“Se está usando el estado de emergencia para una flagrante vulneración de los derechos de un partido político. La intervención se hizo sin presencia de fiscales, que recién han llegado después. Sin ninguna razón se ha detenido a ciudadanos que están alojados aquí, no se han respetado sus derechos. Esto es un abuso que tiene como aliada a Dina Boluarte, que en la conferencia de prensa de hoy ha dado la impresión de estar gobernando con una junta militar”, señaló la congresista de NP, Sigrid Bazán, en la puerta del local intervenido.
El ministro del Interior, César Cervantes, declaró que esa intervención se había realizado porque en esos locales se alojaban personas que habían llegado a Lima para participar en las protestas, como si eso fuera un delito. La policía aseguró que en el allanamiento habían encontrado hondas y machetes.
Ataque de la derecha
Esta intervención policial se da en el contexto de un ataque sostenido de la derecha parlamentaria y los principales medios, al que se han sumado algunos ministros, contra la izquierda en su conjunto, acusándola de “generar caos y violencia” con las protestas sociales. Se ha impuesto en los principales medios locales un discurso hegemónico que criminaliza las protestas sociales, aplaude la represión y con una gastada retórica macartista exige que esa represión se extienda a toda la izquierda. Es el mismo discurso de la derecha parlamentaria. En esa línea, avalaron la intervención policial a un partido de izquierda y a una emblemática organización social.
Consultado por Página/12 sobre las protestas y la respuesta del gobierno, el historiador y analista político Nelson Manrique señala que la crisis de representación en su país es total y que por eso surgió la demanda general de adelantar las elecciones. “Tenemos una presidenta -precisa- que no tiene ninguna base partidaria, es muy limitada, sin experiencia, tiene impericia política, se deja llevar como una veleta, en este corto tiempo ha tenido cambios continuos. Está siendo utilizada por la derecha que ha encontrado en ella un instrumento para llevar adelante la represión que estaba exigiendo”. Sobre el anuncio de una reestructuración del gabinete ministerial, indica que el actual gabinete “tiene muy poco peso político para esta crisis”.
El adelanto de las elecciones
Boluarte demandó al Congreso que apruebe cuanto antes el adelanto de elecciones que demanda la población movilizada. El viernes no se alcanzaron los votos en el Congreso para su aprobación. Para que se puedan adelantar las elecciones, el Congreso debe hacer una reforma constitucional que debe ser aprobada por dos tercios de la cámara, 87 votos, en dos legislaturas, o por 66 votos en una legislatura y un referéndum. El viernes en una accidentadas sesión parlamentaria la propuesta del Ejecutivo para un adelanto de elección para diciembre de 2023 alcanzó solamente 49 votos. Hubo 25 en contra y 33 abstenciones.
Las bancadas de izquierda votaron en contra porque quieren que las elecciones sean antes, en abril de 2023 -las movilizaciones demandan elecciones lo antes posible-, y que se incluya un referéndum para que la población se pronuncie si quiere o no una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución que viene de la dictadura de Alberto Fujimori. La derecha se niega a esa consulta ciudadana. Algunos legisladores de la izquierda han señalado que están dispuestos a dejar que el tema del referéndum constitucional se vea en otro momento para así acelerar la aprobación del adelanto de elecciones, pero insistirán en que sean en abril de 2023. Para eso debería aprobarse este mes y adelantarse la siguiente legislatura para enero. La derecha se dividió en la votación. Algunos apoyaron la propuesta de realizar las elecciones en diciembre de 2023, otros se opusieron porque pretenden que se lleven a cabo recién en abril de 2024, propuesta que se pone de espaldas a la amplia demanda ciudadana de elecciones lo antes posible. El debate se retomará este lunes.
“El Parlamento es el mayor obstáculo para cumplir la principal demanda de las protestas que es el adelanto de elecciones,» dice Manrique. «La actitud del Congreso de no aprobar el adelanto de elecciones está arrojando más leña al fuego de las protestas”.