Por Juan Carlos Ramírez F.
Tras ocho días de carreteras bloqueadas y amenazas de desabastecimiento, el paro de camioneros en Chile llegó a su fin. Tras una extensa jornada de negociaciones el fin de semana, recién el lunes pasadas las 22:00 se firmó en el Ministerio de Transportes, pleno centro de Santiago, un acuerdo junto al gobierno de Gabriel Boric y el empresariado (a través de la Confederación para la Producción y el Comercio, CPC) para evitar las alzas en el precio de los combustibles para los transportistas —la principal demanda— pero también para reforzar la seguridad en el norte de Chile, donde se han registrado este último año diversos episodios de violencia con inmigrantes que ingresan irregularmente al país.
Sin embargo, el gobierno a través del subsecretario del interior Manuel Monsalve no retirará las 34 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado a diversos conductores que entorpecieron el libre desplazamiento, bloquearon las rutas y generaron problemas por un tema —el alza de combustibles para los transportistas— que el gobierno ha señalado varias veces, no le corresponde mediar.
“Se le estaba exigiendo al Gobierno algo de lo cual se tenía que hacer cargo el sector privado y me parece muy bien que la CPC se haya hecho cargo. Las medidas que el Gobierno ha propuesto no han cambiado”, dijo Monsalve.
Asados y bailes a la vista de Carabineros
Y es que la actitud de los conductores no suele ser dialogante precisamente, llegando incluso a la provocación, como sucedió el pasado viernes cuando en el sector del norte de Santiago un grupo comenzó a preparar un asado con alcohol incluido sin que carabineros hiciera nada. Por redes sociales circulaban videos que comparaban la salvaje forma de la policía chilena de reprimir a los estudiantes versus el trato preferencial que se le da a los conductores. Incluso multaron a un médico que grabó en el norte cómo los camioneros obstruían la ruta.
Bajo esta extraña “complicidad” policial, incluso otro grupo de conductores realizó el “juegos” donde quienes querían avanzar por la carretera tenían que bajarse del vehículo y bailar. Una práctica llamada “el que baila pasa” que también sucedió en los días del Estallido Social de 2019 y que fue furiosamente condenado por la derecha, aunque esta vez nadie se pronunció al respecto.
Es que los camioneros en Chile están históricamente ligado a ese sector político, logrando especial protagonismo en el proceso de desestabilización del gobierno de Salvador Allende con los paros de 1972 y 1973 financiados por la CIA. Y aunque hace dos años hubo otro paro, el entonces presidente Sebastián Piñera ni siquiera pidió la ley de Seguridad del Estado, destrabándose el conflicto rápidamente.
Volver a la normalidad
Resulta interesante cómo empresarios, preocupados por el fantasma de la crisis de exportaciones y reposición en supermercados debido a esta movilización decidieron unirse al gobierno para llegar a un acuerdo que fue preparándose lentamente desde la semana pasada. Particular protagonismo ha tenido el presidente de la CPC, Juan Sutil —personaje con amplia figuración en los medios— quien fue uno de los primeros en adjudicarse el fin del paro gracias a un convenio de 14 puntos con el Ministerio de Transportes. “Hemos logrado con esto que se deponga el paro. Hemos llegado a un acuerdo tripartito con el Gobierno, complementario de los acuerdos que hemos ido construyendo la semana (pasada) y finalmente esto permite volver a la normalidad”, señaló Sutil.
El punto crucial es el envío al Congreso de un proyecto de ley para congelar el precio del diésel por 120 días más un umbral de 1.500 millones de dólares para el mecanismo de estabilización de precios (Mepco).
Otra Constituyente
La resolución de este conflicto permitirá al gobierno de Boric focalizarse en el proceso constituyente. A casi dos meses del triunfo del “Rechazo” a la Carta Magna que reemplazaría a la Constitución de 1980 perpetrada por la Dictadura de Pinochet, el proceso se ha ido enredando. Esto debido a que tanto la derecha —que se ha apropiado de los resultados— como la coalición gobernante no pueden ponerse de acuerdo sobre la forma en que deberían elegirse a los nuevos representantes que la redactarían, proponiéndose incluso mantener de una vez de la de 1980 o de dejar el tema para más adelante. A pesar de que la idea original era tener definido el órgano y el mecanismo durante noviembre.
Aunque estuvo durante los meses de la Convención Constituyente, sin dar su opinión sobre el plebiscito, Piñera —que aprobó a regañadientes el Acuerdo por la Paz que en noviembre de 2019 y que logró encausar el estallido Social iniciado un mes antes— ahora luce aliviado, reconociendo que el proceso fue un error e incluso invitando a su casa y a sus oficinas a un grupo de ex convencionales.
Según quienes participaron en estos encuentros, la idea de avanzar en una nueva Carta Magna se mantiene, no se quiere repetir un proceso como el anterior. También se habló de que la centroderecha (como se suele denominar a la derecha en Chile) no ha logrado capitalizar del todo el triunfo de la opción “Rechazo”, continuando fragmentada.
Por el lado del oficialismo se discute intensamente si el organismo que redacte la nueva Constitución sea 100% electo o conformada por un panel de expertos. La opción mixta estaría imponiéndose, aunque todo es incierto. Este jueves o viernes se retomarían las conversaciones entre los diversos partidos del oficialismo que, a su vez deberán llegar a un acuerdo con la oposición. Todo está por verse, mientras la Constitución de Pinochet sigue rigiendo a Chile.