Chile inició este lunes un despliegue militar en puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia, una medida que durará 90 días y busca aumentar el control del ingreso irregular de migrantes que afecta la zona. «Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe hacer para tener un buen control. Este no es solo un tema de que faltaba la presencia militar, faltaban muchas cosas», señaló la ministra del Interior Carolina Tohá desde la comuna de Colchane, epicentro de la crisis migratoria. La presencia de la ministra en el territorio se da en el marco de una reforma constitucional aprobada en enero de este año por ley del Congreso, que autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas para la protección de la infraestructura crítica.
«Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe hacer»
Cada día, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, cientos de personas, en su mayoría familias venezolanas, esquivan los escasos controles de Colchane para llegar a Iquique y luego dar el salto a Santiago de Chile. La ministra Tohá dio cuenta de la situación migratoria con la que se encontró el gobierno de Gabriel Boric y criticó a la anterior administración de Sebastián Piñera por las falencias en la materia.
La ministra Tohá reclamó que «hay que preguntarse por qué el gobierno del presidente Boric se encontró con las aduanas con tan poco equipamiento; con las policías instaladas en la frontera en unas garitas que se sujetan en pie con unos palitos que amarran; por qué nos encontramos con un Servicio de Migrantes recién constituido con una lista de espera de miles de miles de miles de personas». Y agregó que no se trata sólo de desplegar militares, sino que también falta personal, tecnología, instalaciones y presupuesto. «Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe hacer para tener un control en las fronteras. Chile, quizás, es el país del mundo con más fronteras. Como somos un país tan largo, tenemos marítimas y montañas». Según Tohá, el tema de las fronteras debería tratarse con la importancia que se debe para no llegar a la situación en la que se encuentra actualmente la nación.
¿Qué atribuciones que tendrán las Fuerzas Armadas?
Los militares chilenos realizarán controles de identidad y detendrán a aquellas personas que entren o salgan por pasos de frontera no habilitados. Los detenidos serán entregados a la policía local. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, destacó que el despliegue de las fuerzas militares servirá no solo para controlar el ingreso de migrantes, sino también el tráfico y la trata de personas.
El decreto emitido por el gobierno de Boric sostiene que existe un aumento de los flujos migratorios en el país, lo que provocó «la llegada masiva de población a través de pasos no habilitados». La medida se aplicará en zonas críticas de la frontera norte en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá, y se suma a otras tomadas por el país trasandino en los últimos años para intentar controlar el flujo migratorio del norte. El despliegue de militares en la frontera podrá mantenerse, previo acuerdo con el Congreso, una vez que terminen estos primeros 90 días.
Hace un año, el gobierno del entonces presidente Piñera amplió una singular zanja de 600 metros de largo por dos de profundidad -anegada- construida seis años atrás cerca de Colchane. Bandas criminales dedicadas al contrabando y al narcotráfico construyeron puentes para cruzarla, que también fueron usados por migrantes indocumentados.
Durante los últimos años, decenas de personas han fallecido intentando ingresar a Chile por rutas clandestinas en el altiplano, una zona inclemente con altas temperaturas en el día y muy bajas por la noche. Estos peligrosos pasos siguen siendo la principal ruta de ingreso irregular a Chile, que pese a la pandemia y el estallido social de 2019, sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América latina por su relativa estabilidad política y económica.
En total hay 1,4 millones de migrantes en el país latinoamericano, lo que equivale a más del siete por ciento de la población. Los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. Colchane es una de las comunas más afectadas por la crisis migratoria que atraviesa el norte del país desde el 2020, agudizada a fines de 2021. Javier García, alcalde del municipio de Colchane, denunció en una radio local que ingresan cerca de 400 personas a diario a través de pasos no habilitados.
El ingreso de migrantes a Chile fue motivo en los últimos años de numerosas protestas de vecinos de distintas regiones que los consideran culpables del aumento de la inseguridad. En enero de 2022, una movilización de más de dos mil manifestantes en la ciudad de Iquique terminó con la quema de pertenencias y carpas donde se alojaban estas personas, en su mayoría venezolanas.