Las protestas contra el nuevo gobierno y el Congreso de Perú se intensificaron en el interior del país, donde dos adolescentes de 18 y 15 años perdieron la vida, mientras organizaciones indígenas y campesinas llamaron a un paro por tiempo indefinido a partir del martes. Las manifestaciones se produjeron en varias ciudades del norte y el sur andino por cuarto día consecutivo, exigiendo la liberación del expresidente Pedro Castillo, destituido el miércoles por el Congreso y desde entonces detenido de manera preventiva en una unidad de la Policía Nacional en Lima. De ser hallado culpable de rebelión, el maestro rural enfrentaría entre 10 y 20 años de cárcel.

En medio de la tensión de las calles, una sesión del Congreso que tenía como objetivo debatir la situación legal de Castillo tuvo que suspenderse tras discusiones y golpes de puño entre los congresistas. En las primeras declaraciones públicas luego de su destitución, el expresidente peruano acusó a la Fiscalía, al Congreso y a la actual mandataria, Dina Boluarte, de dirigir un «plan maquiavélico» en su contra

Los dos primeros muertos

Miles de personas se movilizaron este domingo por las calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, entre otras regiones. La situación era especialmente complicada en el departamento de Apurímac, del que es oriunda la flamante presidenta Boluarte. Allí murió un adolescente de 15 años al recibir una bala perdida en medio de choques entre manifestantes y policías, según el diario limeño La República.

El nuevo ministro del Interior César Cervantes confirmó la muerte de un segundo manifestante, de 18 años, por un «traumatismo encéfalo craneano ocasionado aparentemente por un objeto contundente». Cervantes también confirmó que habría varios heridos por la represión a las protestas en Andahuaylas. Entre ellos, una niña de 14 años que recibió el impacto de un perdigón en el ojo y debió ser evacuada de urgencia.

En esa ciudad situada a unos 760 kilómetros al sudeste de Lima permanecía cerrado el aeropuerto debido a diversos daños causados desde el sábado por manifestantes, quienes aún mantenían como rehenes a un número no precisado de trabajadores y policías, informó la empresa operadora Corpac en un comunicado.

También quedó suspendida la atención al público en todas las oficinas institucionales del departamento de Apurímac, cuyo personal deberá trabajar de manera remota, excepto en los casos del sector de salud y de las oficinas encargadas de ejecutar el presupuesto y liquidar haberes. El gobernador Baltazar Lantarón llamó a dirigentes y representantes de distintos sectores sociales a una mesa de diálogo «a la brevedad posible».

En Lima, el partido izquierdista Perú Libre convocó el domingo a una movilización desde la histórica Plaza San Martín, epicentro de las manifestaciones políticas en Perú. Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.

Por su parte, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un «paro indefinido» a partir del martes, sumándose a los pedidos de adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú. El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la inmediata liberación de Castillo y el cierre del Congreso.

Sesión escandalosa en el Congreso

Mientras tanto el Congreso buscaba este domingo examinar la marcha de las diligencias preliminares de la investigación fiscal sobre Castillo y quienes hasta el miércoles fueran su jefa de gabinete, Betssy Chávez, y su ministro del Interior, Willy Huerta. El Ministerio Público los indaga por los posibles delitos de rebelión y conspiración en relación al mensaje de Castillo en el que anunció el cierre del Parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional con suspensión de garantías constitucionales y toque de queda.

Al conocer la noticia del primer muerto en las protestas, varios congresistas empezaron a gritar a favor de las protestas y a jurar que la sangre del fallecido «jamás será olvidada», mientras se cruzaban comentarios entre las bancadas que no se alcanzaron a escuchar. 

En ese clima caliente el congresista Pasión Dávila, del Bloque Magisterial, muy próximo al destituido presidente Castillo, le pegó una piña por la espalda al diputado Juan Burgos, del derechista Avanza País. Dávila volvió a su asiento y, minutos después, Burgos cruzó el salón del pleno y se dirigió a la carrera contra Dávila. Allí empezaron los forcejeos entre ambos, hasta que un numeroso grupo de congresistas lograron separarlos. La delicada situación derivó en la suspensión temporal de la sesión.

Esta es la primera sesión del Congreso tras la del miércoles pasado, cuando el Parlamento destituyó a Castillo con 101 votos a favor y solo seis en contra. La decisión fue adoptada poco después de que Castillo anunciara que iba a cerrar el Congreso, convocar un Ejecutivo de emergencia, gobernar por decreto, convocar una Asamblea Nacional y reorganizar el sistema de justicia. 

«Plan maquiavélico»

El expresidente Castillo denunció desde la cárcel que el viernes y el sábado «un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento», a lo que se negó «por seguridad y mi integridad». El viernes se dio a conocer que un equipo de médicos legales de la Fiscalía iba a visitar al expresidente para tomar muestras con el fin de realizar una prueba toxicológica para determinar si Castillo estaba bajo los efectos de alguna sustancia cuando pronunció el discurso por el que disolvió el Parlamento y estableció el estado de excepción.

En un pasaje de su carta, Castillo afirmó que no descartaba que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el Congreso de la República y Boluarte estuvieran dirigiendo «este plan maquiavélico». Debido a la desconfianza del expresidente Castillo ante el personal médico del lugar donde permanece detenido, el congresista Guillermo Bermejo solicitó este domingo «a la Cruz Roja Internacional que intervenga para velar por su salud e integridad».