La Fiscalía de Ecuador solicitó este viernes arresto domiciliario para el expresidente Lenín Moreno, al que acusa, junto con otras 36 personas, de corrupción por supuestamente recibir sobornos de una empresa china a cambio del contrato para construir la mayor hidroeléctrica del país.
La fiscal general, Diana Salazar, pidió «prisión preventiva para todos los investigados; sin embargo, debido a que 14 de ellos superan los 65 años (…) se pide el arresto domiciliario», como en el caso de Moreno, señaló el ente acusador en su cuenta de Twitter.
La fiscal también requirió al juez Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay desde 2021 de comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.
En ese sentido, solicitó al magistrado autorización para solicitar cooperación judicial internacional de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.
El expresidente tiene 69 años y se moviliza en una silla de ruedas tras recibir un disparo durante un asalto en 1998. Los 37 indagados, entre los que están familiares cercanos del expresidente, «habrían recibido cerca de 76 millones de dólares en coimas», que según la Fiscalía es «el monto más alto judicializado por actos de corrupción en Ecuador».
El proyecto
La presunta red de corrupción operó desde 2009 hasta 2018 en torno a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, cuyo costo alcanzó los 2.345 millones de dólares y estuvo a cargo de la firma china Sinohydro.
La central hidoreléctrica, localizada entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos (este), empezó a funcionar en 2016 y tiene capacidad para cubrir el 30 por ciento de la demanda nacional de energía. Sin embargo, se han detectado daños en su infraestructura.
Durante el gobierno socialista de Rafael Correa (2007-2017), condenado a ocho años de cárcel por corrupción por el caso «Sobornos 2012-2016», Moreno fue vicepresidente durante los primeros seis años y luego fue elegido presidente para el periodo 2017-2021.
La red de corrupción
Moreno, su esposa, hija, hermanos y cuñadas están salpicados dentro de la investigación. También forman parte de la indagación su allegado Conto Patiño, su familia y funcionarios de su empresa «Comercial Recorsa», a través de la cual se repartirían los sobornos. En la trama además están involucrados dos gerentes de Coca Codo Sinclair y un exembajador de China en Ecuador que posteriormente fue el representante legal de Sinohydro en el país sudamericano.
El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.
En ese informe periodístico se revelaron una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa «offshore» INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017).
El exgobernante ha negado tajantemente esa denuncia «No tengo ni tuve ninguna responsabilidad en la contratación de la obra» Coca-Codo Sinclair, sostuvo el expresidente en un comunicado a través de su cuenta de Twitter, el 22 de febrero. «Me defenderé con absoluto apego a la verdad» para que «no quede la menor duda de mi inocencia y la de mi familia», anotó el exgobernante, que en 2013 fue designado secretario general adjunto de la ONU para la discapacidad.
De acuerdo con la Fiscalía, el grupo familiar de Moreno habría recibido unos 660.000 dólares de la red de corrupción. Para determinar el monto, las autoridades indagaron la información bancaria de la empresa Ina Investment, vinculada con Moreno, a través de la cual se hizo la compra de un departamento en España y de muebles para una vivienda en Suiza.
La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes los hermanos de Moreno Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).
El año pasado, el ente acusador abrió una indagación contra Moreno por un supuesto peculado relacionado con piezas patrimoniales presuntamente desaparecidas del Palacio de Carondelet, sede del gobierno nacional.