El Senado de Uruguay dio sanción definitiva al proyecto que establece indemnizaciones a las víctimas sólo de los grupos armados entre 1962 y 1976, al aprobar las modificaciones que había hecho Diputados.
La iniciativa, de apenas cinco artículos, había sido propuesta originalmente por el ultraderechista Cabildo Abierto (CA) -uno de los integrantes de la alianza gobernante- y en la Cámara baja recibió aportes del Partido Colorado.
El senador Guillermo Domenech, miembro informante de la iniciativa, rechazó que se pretenda con el proyecto “abogar por la teoría de los dos demonios o equiparar a las víctimas de los grupos armados con las víctimas de acciones ilícitas del Estado que hayan provocado personas lesionadas o muertas”, uno de los principales argumentos de la oposición para no votar el documento.
En su réplica, el frenteamplista Charles Carrera advirtió que el proyecto “se basa en un posicionamiento ideológico y político” y contradijo a Domenech al sostener que “dice que no se pretende abogar por la teoría de los dos demonios, pero se aboga por la teoría de los dos demonios” porque “todavía hay muchas víctimas del terrorismo de Estado que no han recibido una reparación”.
El comunista Óscar Andrade, por su parte, puso en discusión las diferencias entre la reparación económica prevista para las víctimas del terrorismo de Estado y la indemnización que recibirán con esta ley las víctimas de los grupos guerrilleros.
“Si tuviste tres días de privación de libertad por grupo armado, sos víctima. En el otro caso tenés que haber estado 180 días. ¿Cuál es el criterio para establecer el parámetro? Y si perdiste la vida, en un caso la reparación es de 60.000 dólares y en este de 150.000 dólares”.
El jefe de CA y extitular del Ejército, Guido Manini Ríos, acusó a la oposición de actuar con “mezquindad”, según el periódico digital La Diaria: “Aquí nosotros vemos una suerte de mezquindad con quienes fueron víctimas, pero no eran víctimas de los nuestros, eran víctimas de los otros; entonces no merecen una reparación. Porque hay una suerte de negacionismo: no hay culpa de quienes se alzaron en armas contra el Estado de derecho a principios de los años 60, por tanto las víctimas no merecen reparación”, cuestionó.
Antes de votar, Enrique Rubio, del Frente Amplio, apuntó que la discusión “tiene un trasfondo, que son los desaparecidos”. “Las víctimas son todas víctimas. Pero nosotros sabemos que miembros de este Parlamento tienen vínculos con los que saben (dónde están). Por lo tanto, no tenemos la actitud de decir borrón y cuenta nueva”, afirmó.
El texto, que pasó a manos del Poder Ejecutivo para su promulgación, establece una «indemnización moral, social y económica» a militares, policías y civiles, así como a sus familias, que «hayan sufrido daños en su persona y bienes como consecuencia de los hechos ilícitos ocurridos entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, por integrantes de grupos armados por motivos políticos».