Una sospecha recorre Estados Unidos en forma de nube tóxica. El descarrilamiento de Ohio con derrame de químicos incluido, dio paso a una explosión controlada en medio del descontrol. Un tren con 150 vagones llevaba productos inflamables que ahora, se sabe, no eran transportados en condiciones de seguridad adecuadas. El convoy de Norfolk Southern nunca llegó a Conway, Pensilvania, y tampoco sobrevivió la ley que debería haberse aplicado para proteger su carga. El gobierno de Donald Trump la derogó en 2017 –bajo la presión del vigoroso lobby ferroviario y las dádivas recibidas por sus legisladores– y el de Joe Biden se desentiende.

Los 5 mil habitantes de East Palestine (Palestina Oriental), el pueblito donde voló la formación que llevaba cloruro de vinilo y otros productos semejantes, ya vieron morir peces, sus propias gallinas y empezaron a sentirse mal. Le temen al cáncer y a la desvalorización de sus propiedades. Se sienten desamparados y a merced de tres industrias con poder de veto en EE.UU: la química, la petrolera y la del riel. La optimización de sus ganancias puede más.

El lobby anti prevención

Los trenes de las siete compañías de carga más grandes en EE.UU transportan por año un promedio de 4,5 millones de toneladas de sustancias químicas. Son 12 mil vagones que cada día pasan por zonas urbanas. La cifra es del Departamento de Transporte que además reportó más de una docena de accidentes ferroviarios en Estados Unidos en lo que va de 2023. La demora en reconocer lo que pasó sobre las vías el 3 de febrero obedece a la forma en que buscaron preservarse los dos principales partidos políticos del sistema y la influyente empresa ferroviaria Norfolk Southern, que aporta a la caja de la política para conseguir leyes favorables como el resto de sus competidoras.

Los republicanos recibieron de esa empresa más de 6 millones de dólares para sus campañas. El senador por Dakota del Sur, John Thune, fue uno de los que más recaudó. Lo reveló el sitio digital The Lever (La Palanca) que investigó el caso y publicó informes detallados sobre estas maniobras, a partir del desastre ecológico producido en East Palestine que ya contaminó tierras y desagües pluviales.

Preso por informar

Cinco días después del hecho, cuando el gobernador de Ohio -el republicano Mike DeWine- brindaba una conferencia de prensa en el pueblo afectado, el periodista de NewsNation, Evan Lambert, era arrestado durante cinco horas en el mismo lugar. El viernes 17, ese corresponsal con base en Washington informó en su cuenta de twitter: “Esto nunca tuvo mucho sentido para empezar. El gobernador DeWine tuitea que FEMA ahora se desplegará en East Palestine, después de decir anteriormente que no lo haría”. FEMA es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

El mismo día Donald Trump (Jr), el primogénito del expresidente, se preguntó: “¿Estamos bajo ataque? ¿Alguien cree que puedes tener todos estos grandes descarrilamientos de trenes, todos con graves consecuencias ambientales, y es solo una coincidencia total? ¿Por qué no hemos visto a nadie preguntando si esto es quizás una retribución por nuestro supuesto ataque a Nordstream 2?”. Una hora y media después anunciaba que su padre visitaría East Palestine: “Si nuestros ‘líderes’ tienen demasiado miedo de liderar, los verdaderos líderes darán un paso al frente y llenarán el vacío”. La política partidaria se metió con todo en el desastre ambiental.

Primero los negocios, segundo la salud

En el plano judicial ya son cinco las demandas que se presentaron contra la ferroviaria en poco más de dos semanas. Es probable que haya muchas más. Se calcula que 25 millones de personas están expuestas a este tipo de accidentes en Estados Unidos por el transporte de fluidos inflamables. En noviembre de 2012 hubo un descarrilamiento semejante en Nueva Yersey que provocó la pérdida de 87 mil litros de cloruro de vinilo, el mismo químico que llevaba la formación de Norfolk Southern. También ahora se descubrió que en sus vagones había acrilato de butilo, acrilato de etilhexilo, isobutileno y éter monobutílico de etilenglicol.

El derrame tiene imprevisibles consecuencias a futuro. Por ahora los vecinos de East Palestine se quejan de las derivaciones inmediatas. La BBC describió la situación de John y Lisa Hamner que habían emprendido un negocio próspero de recolección de basura y ahora dicen que se “destruyó totalmente” su proyecto de vida. A él se lo ve con “los ojos rojos e hinchados, un efecto que atribuye al impacto físico de las sustancias químicas derramadas”, publicó la cadena británica.

Trump defiende los intereses de la empresa

El ramal ferroviario de carga se rige por sistemas de seguridad desactualizados. En Ohio la causa del accidente habría sido el sobrecalentamiento en los cojinetes de las ruedas. Este anacronismo llevó a la revisión de las normas vigentes para formaciones que transportan productos tóxicos. Se discutió la obligatoriedad de exigirle a las compañías un sistema de frenado electrónico, en lugar de uno convencional, de aire. El primero detiene los vagones en conjunto al mismo tiempo. El segundo los frena uno por uno. Pero el gobierno de Trump lo rechazó por el alto costo para la industria.

The Lever señaló, basado en una fuente del gobierno demócrata, que el tren de 150 vagones -descarrilaron un tercio de ellos- llevaba poco más de diez con material “inflamable de alto riesgo” y no estaba regulado por controles adecuados. Una de las notas publicadas en ese sitio digital estadounidense afirma que “Norfolk Southern pagó millones a sus ejecutivos y gastó miles de millones en recompras de acciones, todo mientras la compañía despidió a miles de empleados, a pesar de las advertencias de que la falta de personal está intensificando los riesgos de seguridad”.

La desregulación como dogma

Una serie de accidentes ferroviarios ocurridos hace más de una década, llevaron al gobierno de Barack Obama a proponer mejoras en el sistema de cargas en 2014. Pero el lobby empresario rechazó la propuesta, que solo alcanzó al transporte de petróleo crudo. Los demás trenes, aun cuando llevaran otros productos inflamables, no quedaron bajo esa regulación.

Trump se entregó al poderoso sector que apoyó sus políticas, pero el gobierno de Biden nunca apostó hasta hoy por reglas más estrictas en el transporte de cargas. “¿Los frenos ECP habrían reducido la gravedad de este accidente?” le preguntó The Lever a Steven Ditmeyer, ex alto funcionario de la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA). Su respuesta fue “sí”. Pese a que carecía de esa condición de seguridad, el tren que descarriló en Ohio no era considerado “inflamable”.

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