El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este viernes «preocupación» por los «intentos de socavar» los resultados de las elecciones en Guatemala, que dieron la victoria el pasado domingo al socialdemócrata Bernardo Arévalo de León. La portavoz de la Secretaría General de la ONU, Florencia Soto, se expresó el jueves en rueda de prensa acerca de «reportes» sobre «acciones de la Fiscalía contra miembros del Tribunal (Supremo) Electoral, de los comités electorales y de partidos políticos».
Guterres, dijo Soto, «recuerda que las instituciones electorales deberían acometer su trabajo de manera independiente, respetando la libertad de expresión de la voluntad de los electores». La ONU señaló que la segunda ronda de la elección presidencial en Guatemala el 20 de agosto «se celebró de manera ordenada» y remitió a las conclusiones de los observadores electorales de la OEA y la UE.
Arévalo de León, candidato del Movimiento Semilla, superó en la elección presidencial a la ex primera dama Sandra Torres Casanova de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), tras varios intentos del Ministerio Público (Fiscalía) para apartarlo del proceso.
Posible magnicidio
El jueves pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó una resolución advirtiendo de un posible magnicidio contra el presidente electo y la vicepresidenta Karin Herrera, y pidió al Estado de Guatemala tomar medidas para protegerlos. La CIDH señaló que fue informada de que Arévalo fue sometido a «vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte”, que se han incrementado tras la segunda vuelta electoral.
El Gobierno de Guatemala, bajo el mando del gobernante, Alejandro Giammattei, hizo este viernes un «llamado a la prudencia» a la CIDH por haber advertido sobre un posible magnicidio del presidente electo Bernardo Arévalo.
«Hacemos un llamado a la CIDH a la prudencia. Es necesario que la comisión se pronuncie de manera objetiva y se garantice la imparcialidad por las consecuencias que declaraciones infundadas puedan generar», puntualizó el Gobierno de Giammatte.
La declaración del Organismo Ejecutivo llega después de que el jueves, la CIDH, entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), otorgara medidas cautelares al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera. La CIDH, con sede en Washington, pidió al Estado de Guatemala en una resolución que tome las «medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal» de los políticos. Y una plantea la existencia de dos posibles planes para atentar contra la vida de Arévalo.
Planes preocupantes
Uno de esos planes de asesinato, del que fue informado el equipo de seguridad de Arévalo, incluiría «participación de agentes estatales e individuos particulares», según la resolución de la CIDH. El segundo, del que informó a Arévalo el propio Ministerio Público (Fiscalía) este lunes, está relacionado con presuntas «estructuras criminales de pandillas».
Según la CIDH, el Estado de Guatemala no ha tomado medidas necesarias para proteger la seguridad del presidente electo, aun conociendo estas amenazas. El documento detalló que el dúo que resultó ganador en las elecciones tuvo que recurrir a seguridad privada para garantizar su protección.
La CIDH alegó además que el Estado de Guatemala no le informó sobre qué medidas se tomaron en respuesta a las denuncias de un plan para atentar contra la vida de los dos políticos del Movimiento Semilla.
Los atentados legales
Los reclamos de la CIDH se conocieron el mismo día en el que la Fiscalía de Guatemala solicitó al Congreso suspender al partido Movimiento Semilla, al que pertenece Arévalo. Desde el 12 de julio, el Ministerio Público, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos, ha intentado detener la candidatura de Arévalo por un supuesto caso de firmas falsas en 2018 al fundar el partido.
Actualmente, la agrupación del presidente electo tiene apenas cinco diputados pero en los recientes comicios obtuvo 23 escaños de los 160 que componen al Congreso.
La solicitud de suspender al Movimiento Semilla fue requerida por carta del Ministerio Público el 23 de agosto al Parlamento y confirmada este jueves a medios locales por el fiscal a cargo del caso, Rafael Curruchiche, también sancionado desde 2022 por EE.UU. acusado de corromper la Justicia en Guatemala.
La misiva indica a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que el juzgado séptimo penal ordenó provisionalmente el 12 de julio pasado la suspensión de Semilla. Pero dicha suspensión fue anulada por la Corte Suprema de Justicia en el mismo mes de julio.
Parte de la Justicia «cooptada»
El Ministerio Público (Fiscalía) también solicitó el miércoles el retiro de la inmunidad de tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por tres supuestos delitos: los acusa de incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la constitución y abuso de autoridad. Las autoridades denunciadas son la presidenta del tribunal, Irma Palencia, el magistrado Mynor Franco y el suplente Álvaro Cordón. La denuncia se debe a que en marzo pasado, los magistrados habían aceptado la inscripción como candidato a diputado de Manuel Baldizón, político que cumplió condena de cuatro años de prisión en EE.UU.
Entre las acciones implementadas por el Ministerio Público hay allanamientos a la sede del Movimiento Semilla y al Tribunal Supremo Electoral.
El presidente electo Bernardo Arévalo declaró la noche de su victoria: «Nosotros sabemos que hay una persecución política en curso, que se lleva a cabo por medio de las instituciones, fiscalías y jueces que han estado cooptados». Y agregó: «Sabemos que eso está en curso. Quisiéramos pensar que la contundencia de esta victoria va a ser evidente y que los intentos de descarrilar el proceso electoral no va a tener lugar. El pueblo de Guatemala ha hablado contundentemente», concluyó.