En una rueda de prensa, el Ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, dijo que la organización de los ataques a los edificios de los tres poderes del Estado en Brasilia fue parte de un plan ideado por el gobierno de Jair Bolsonaro antes de entregar el poder. Esto quedaría demostrado por un documento incautado por la policía en la casa del exministro de Justicia, Anderson Torres, el pasado martes.
Ese documento es el borrador del decreto que habría permitido al ahora expresidente Jair Bolsonaro, intervenir la Justicia electoral para revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, ganadas por Lula da Silva. «El documento configura un elemento fundamental para la comprensión de la causa-efecto. Es un nexo de la relación de los eventos que se inauguran el 30 de octubre y van hasta el 8 de enero. Muestra que no son casos aislados; había una planificación», dijo Dino. Y agregó que la autoría del decreto no está clara y aun debe ser investigada.
Un plan siniestro
El borrador de decreto preveía la declaración del Estado de defensa –un Estado de excepción– para intervenir el Tribunal Superior Electoral y hacer una «corrección del proceso electoral presidencial», según afirma el primer artículo del documento filtrado por el diario Folha de São Paulo. El texto establecía la conformación de una «comisión de regularidad electoral» que asumiría las funciones del tribunal electoral y que estaría compuesta por 17 miembros, ocho de ellos del Ministerio de Defensa.
El borrador de decreto presidencial con el nombre de Jair Messias Bolsonaro al final, no tiene fecha. Pero su redacción denota que se refiere a las presidenciales de 2022.
Anderson Torres declaró que fue «sacado de contexto» y reafirmó su «respeto a la democracia brasileña». El exministro está en EE.UU. y adelantó que pretende regresar a Brasil a colaborar con la Justicia, que lo investiga porque en el momento de los asaltos era secretario de Seguridad Pública de Brasilia, responsable por la Policía regional, que no hizo nada para detener a la turba de radicales
Cerca de 1.800 personas fueron arrestadas por los ataques que causaron daños en el interior del palacio presidencial de Planalto, en el Congreso Nacional y en la sede de la Corte Suprema. Los ataques del 8 de enero culminaron una escalada de los bolsonaristas radicales contra la democracia, que desde el día posterior a las elecciones iniciaron movilizaciones para alentar un golpe de Estado contra Lula, quien asumió el poder el 1 de enero. Los bolsonaristas de extrema derecha bloquearon carreteras, asaltaron una comisaría de Brasilia a mediados de diciembre y colocaron un explosivo cerca del aeropuerto de la capital, desactivado por la Policía.
La defensa por Tuit
El exministro Torres tuiteó: «En mi casa había una pila de documentos para desechar, donde muy probablemente se encontró el material descrito en el artículo. Todo sería llevado para ser triturado en su momento en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Torres afirma que la minuta fue publicada «fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces» en su contra, en momentos en que es requerido por orden de Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema y presidente del tribunal electoral.
Torres es señalado por su presunta responsabilidad en el asalto el domingo a las sedes oficiales en Brasilia. El exfuncionario estaba de vacaciones en EE.UU. cuando miles de bolsonaristas se movilizaron y dijo –sin informar fecha– que volvería al país para presentarse ante la Justicia.
Bolsonaro puso en duda el sistema electoral electrónico brasileño durante su campaña. Antes de terminar su mandato el 31 de diciembre, se fue a Estados Unidos y no participó en la transmisión de mando celebrada el 1 de enero.
El repudio
Varios ministros del gabinete Lula coincidieron en las últimas horas en que el descubrimiento de un borrador de un decreto para desconocer el resultado de las elecciones, prueba que el intento de golpe fue premeditado en detalle.
El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, afirmó que está probado que el objetivo del texto era «fabricar el caos para enterrar la democracia»‘. Las autoridades de Brasil esperarán hasta el lunes el regreso de Anderson Torres, antes de activar un eventual pedido de extradición a Estados Unidos. Torres tiene una orden de arresto como responsable de la seguridad de Brasilia, por el delito de negligencia ante las violentas protestas y connivencia con los asaltantes de las sedes de los poderes.