El Congreso de los Diputados de España aprobó este jueves el uso del catalán, el gallego y el vasco en sus sesiones, en medio de las críticas de opositores que acusan al gobierno en funciones del socialista Pedro Sánchez de haber impulsado esta medida para conseguir el apoyo de los independentistas catalanes para ser reelecto.
El mes pasado el gobierno en funciones de Sánchez acordó el uso de las lenguas de España diferentes al castellano en el Parlamento con partidos que ya dijeron que apoyarán su investidura y de otro catalán cuyo respaldo todavía negocia. Luego envió una solicitud a la Unión Europea para permitir también el uso en sus instituciones.
180 votos a favor
«El Pleno del Congreso de los Diputados ha acordado la modificación del Reglamento del Congreso sobre el uso de las lenguas que tengan carácter de oficial en alguna comunidad autónoma» propuesto por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la alianza de izquierda Sumar y partidos vascos, dijo este jueves el órgano legislativo en sus redes sociales.
La propuesta de reforma fue aprobada por 180 votos a favor, cuatro más que la mayoría absoluta, y 170 en contra. Al mismo tiempo la Cámara Baja rechazó las enmiendas al documento presentadas por el Partido Popular (PP) y el partido de extrema derecha Vox.
De esta forma las lenguas oficiales de las comunidades autónomas diferentes al castellano serán traducidas por intérpretes. Sin embargo los parlamentarios que utilicen lenguas no oficiales que gozan de especial reconocimiento o protección en algunas regiones, como el aragonés o el asturiano, deberán traducir ellos mismos su discurso.
El uso de las lenguas cooficiales fue una de las condiciones que pusieron los partidos independentistas catalanes Esquerra Republicana (ERC) y Juntos por Cataluña (JxC) para apoyar la elección de Francina Armengol, la candidata de Sánchez, como presidenta del Congreso y asegurar así una mayoría progresista en la Mesa del Congreso. ERC ya dijo que apoyará la investidura de Sánchez en caso de ser nominado, mientras que JxC lo sigue negociando con el PSOE.
Apenas fue elegida el mes pasado la propia Armengol anunció que el catalán, el gallego y el vasco, podrían hablarse desde ese momento en la Cámara, y de hecho se estrenaron en las sesiones plenarias dedicadas a esta reforma. Se trata de la primera iniciativa aprobada por esta Legislatura, que lo hizo por medio de un trámite exprés: se calificó hace una semana, se tomó en consideración el martes pasado y este jueves quedó definitivamente aprobada en el pleno, sin pasar por la Comisión de Reglamento que aún no fue constituida.
Rechazos del PP y Vox
Durante el debate se reprodujeron los argumentos ya escuchados en la sesión del martes. La novedad la llevó el diputado de Chunta Aragonista (CHA), Jorge Pueyo, quien estrenó el aragonés en el hemiciclo para denunciar la «represión» a la que históricamente fue sometida su lengua. En este caso, las palabras de Pueyo fueron transcriptas en castellano y emitidas por las pantallas instaladas en el hemiciclo.
Por el PP intervino Borja Sémper, quien utilizó el euskera solo para dar los buenos días y justificó la enmienda presentada por su grupo asegurando que está basada en una «lógica elemental» que consiste en que quienes tienen una lengua común la utilizan para entenderse.
Los diputados de Vox permanecieron afuera del recinto mientras se habló en otras lenguas pero ingresaron para escuchar a su vocera, Pepa Millán, quien denunció que esta reforma no busca «proteger la variedad lingüística», sino «atacar al español» para «contentar las exigencias de aquellos que quieren romper con la unidad y la convivencia».
La sesión llegó justo antes de que el Congreso de los Diputados vote, la semana próxima, si elige como nuevo presidente del gobierno al líder opositor Alberto Núñez Feijóo, cuyo derechista PP fue el más votado en las elecciones generales de junio pasado aunque no cuenta con los avales para lograr su investidura. Si tal como se espera no lo consigue, se prevé que Sánchez sea nominado candidato a la reelección para ser votado en Diputados, donde confía en ser investido con el apoyo de partidos independentistas de las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Galicia.