La Audiencia Nacional española autorizó la extradición a Uruguay del médico Carlos Suzacq Fiser, residente en España y reclamado por asesorar sobre torturas a los militares en interrogatorios, entre 1972 y 1975, debido a la gravedad de los hechos que se le imputan. Varias víctimas del terrorismo de Estado lo identificaron como quien elaboraba las fichas médicas de los secuestrados y asesoraba a los torturadores sobre la resistencia de los cuerpos.
¿De qué se acusa a Suzacq?
En el auto conocido este lunes los magistrados consideran, de acuerdo con la Fiscalía, que si bien el delito de lesa humanidad por el que se le reclama no estaba tipificado en España hasta 2004 como alegaba la defensa, los hechos, por la fecha en que se produjeron, «serían encuadrables en los delitos de detención ilegal y de lesiones«, con lo que se cumplen los requisitos de doble incriminación y mínimo punitivo para acceder a la entrega.
Los motivos por los que un juzgado de Montevideo solicita la extradición se basan en las denuncias presentadas por ocho víctimas de los militares en tiempos de dictadura, que sufrieron torturas en uno de los centros de detención, el Regimiento Sexto de Caballería del Ejército uruguayo en el barrio de Piedras Blancas, en Montevideo, entre 1972 y 1975. En sus relatos denunciaron que el doctor Suzacq asesoraba a los militares sobre cuándo parar o seguir con las torturas en los interrogatorios.
En el relato de una de las víctimas se indica que fue sometido a interrogatorios durante cuatro días, alternados con «duras sesiones de torturas», en los que permaneció «desnudo y esposado de piernas y manos», y le aplicaron descargas eléctricas. Otra denunciante, que responde a las iniciales A.M.M.N., manifestó que en su tiempo de cautiverio estuvo siempre encapuchada y que el doctor Suzacq fue el médico que le dijo que no estaba embarazada pese a que lo estaba.
La mujer fue desnudada, le ataron los tobillos con alambre y recibió descargas con una picana eléctrica, mientras la amenazaban con quemarla con ácido o fusilarla. Los militares le hicieron firmar un acta pero ella se negó a aceptar el contenido del documento, razón por la cual el doctor Suzacq amenazó con volverla a torturar, según consta en su denuncia.
En el escrito por el que la Fiscalía solicitó su entrega, al que tuvo acceso el diario Público, se identifica a Suzacq como asesor del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas (OCOA) en los interrogatorios a personas detenidas en el marco de una operación contra el Partido Comunista Revolucionario (PCR).
El fiscal uruguayo especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, sostiene que hay testimonios de «una cuarentena de víctimas» que ubican a Suzacq en el regimiento del Ejército en que estuvieron detenidas, donde «controlaba hasta dónde podían irrogar los tormentos a los detenidos».
Según las investigaciones de la Comisión Nacional de Ética Médica de Uruguay, en los años de la dictadura (1973 a 1985) hubo 800 médicos al servicio de los militares y en un solo año, tras el retorno de la democracia, 80 de ellos recibieron denuncias por parte de las personas que estuvieron presas en los distintos centros clandestinos de detención.
La defensa del médico represor
Suzacq, médico cardiólogo de 73 años, se opuso a su entrega a Uruguay e invocó su nacionalidad española, que había adquirido por matrimonio en 1978, así como su arraigo en España desde 1977. Ese año se exilió y estableció su residencia en este país, trabajando como médico.
Además alegó la prescripción, dado que en España el delito de lesa humanidad fue introducido con posterioridad a cuando ocurrieron los hechos por los que se lo reclama, así como el delito de torturas, que se introdujo en la legislación española en 2010.
El tribunal español argumenta que, al tratarse de delitos de lesa humanidad, los hechos no han prescrito, y en cuanto a la nacionalidad española, considera que no es causa para denegar la extradición, ni el hecho de haber ejercido la medicina en España. Pese a que transcurrieron más de cuarenta años, «la naturaleza y la gravedad de los mismos, así como la evitación de que queden impunes, lleva a este tribunal a acceder a la demanda extradicional», concluyen los magistrados.
Según el auto, «se trata de una forma de dar entrada al derecho de los tratados y a los convenios asumidos por España en la comunidad internacional que claman por la dignidad y justicia de las víctimas de conductas extremadamente graves por constituir crímenes contra la humanidad, obligando a su persecución». La Fiscalía había informado a favor de la extradición, cuyo fallo ahora puede ser recurrido.
Hallado por la guía telefónica
La integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay Elena Zaffaroni, quien fue testigo de las torturas hacia su esposo, Luis Eduardo González González, militante del PCR, dijo que el rol de Suzacq era «reanimar a los detenidos cuando sufrían un paro cardíaco durante las torturas».
La referente de la agrupación que reúne a familiares de 192 desaparecidos uruguayos contó que muchos años después de esos hechos, otra víctima supo que Suzacq visitaba Uruguay cada fin de año para reunirse con su familia y residía en Madrid, donde aún ejercía la medicina.
Luego de una búsqueda en la guía telefónica española dieron con él, quien reconoció haber estado en el regimiento Sexto de Caballería en la época, pero dijo no saber nada sobre la desaparición de González. Suzacq figura aún como uno de los especialistas en cardiología del Hospital San Rafael de Madrid.