La fiscalía de Marsella está investigando la muerte de un hombre en las protestas por el fallecimiento de Nahel debido al posible impacto de un proyectil de goma disparado por la policía. La muerte de Mohammed, un argelino de 27 años, habría ocurrido en la noche del sábado por el impacto de un arma de defensa no letal usado por la policía, por lo que se requirió la actuación de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), encargada de investigar a las fuerzas de seguridad. 90 organizaciones de izquierda convocaron a marchar el próximo sábado para exigir una reforma policial y repudiar la muerte de Nahel Merzouk, el joven de 17 años baleado por un policía en un control de tránsito. Su fallecimiento motivó una ola de protestas en todo el país.
«Se quitó el casco y cayó al piso»
La fiscalía considera «probable» que la muerte de Mohammed se debiera a un «golpe violento al nivel del tórax causado por el tiro de un proyectil del tipo ‘flash-ball'», como se denomina en Francia a los proyectiles de goma de alta potencia usados como material antidisturbios. Estos proyectiles no penetran en la piel, pero su uso por parte de la policía en Francia es controvertido, ya que han provocado la pérdida de ojos, heridas en la cabeza y otros traumatismos.
La justicia todavía no pudo determinar si Mohammed participó de las protestas o solo se encontraba en la zona. «Estuvimos juntos hasta las 23:30 aproximadamente. Me dijo que iba a la casa de su madre y luego se iría a su casa», contó un amigo de la víctima a la radio France Inter. El joven cayó de su moto cuando llegó al pie del edificio, ubicado en Cours Lieutaud, un barrio que esa noche estaba cargado de disturbios. Mohammed fue hallado en grave estado en el pavimento y trasladado a un hospital, donde falleció.
Por una «reforma profunda de la policía»
Las protestas contra la muerte de Nahel continúan en Francia, y un colectivo de sindicatos, asociaciones y partidos políticos llamaron a manifestarse el sábado «por el mantenimiento de las libertades públicas e individuales» y exigiendo que el gobierno «asuma sus responsabilidades y dé respuestas inmediatas para poner fin a los enfrentamientos». Entre las medidas que piden estas organizaciones de izquierda se encuentra «una reforma profunda de la policía, sus técnicas de intervención y su armamento».
En la mira de estas 90 agrupaciones está la ley de 2017 que flexibilizó las normas relativas al uso de armas de fuego por parte de la policía, cuya derogación exigen. También proponen cambios en la IGPN, a la que pretenden reemplazar por un organismo independiente. Francia Insumisa, la Federación Sindical Unitaria, Amnistía Internacional Francia y Greenpeace Francia, entre otras, proponen «la creación de un servicio dedicado a la discriminación que afecta a los jóvenes dentro de la autoridad administrativa presidida por la Defensoría del Pueblo».
Investigan participación de militares
Este miércoles el Ejército abrió una investigación sobre la presunta presencia de militares en operaciones antidisturbios en la ciudad de Lorient. El lunes el diario regional Ouest-France había publicado la entrevista a un soldado, bajo condición de anonimato, que justificaba su participación en un operativo junto a una treintena de compañeros, para impedir, según él, «que se queme el país». «No tengo confirmación de la materialidad de los hechos sobre la actuación de este grupo», dijo al respecto el alcalde de Lorient, Fabrice Loher.
Mientras tanto la familia de Nahel, el joven cuya muerte por disparos policiales motivó las protestas en todo el país, anunció que se va a querellar contra el promotor de un fondo económico de apoyo a la familia del policía autor de los disparos. La querella «por estafa en banda organizada» fue anunciada por los abogados de la madre de Nahel contra Jean Messiha, una figura de la extrema derecha local.
El fondo fue creado el viernes pasado en la plataforma GoFundMe, que se defendió asegurando que esa iniciativa, llamada «Apoyo para la familia del policía de Nanterre», cumple todas sus normas. Ante la polémica creada, a la que se sumaron políticos de izquierda, Messiha anunció el cierre del fondo a la medianoche del miércoles. Una hora antes había recibido donaciones por 1.609 millones de euros.
Los disturbios que vienen sacudiendo Francia desde el 27 de junio parecen estar yendo a la baja, con 16 detenidos en la noche del martes al miércoles, una cifra muy inferior a los 72 del lunes y a los 157 del domingo. El departamento de Interior informó también 78 vehículos quemados y 116 incendios en la calle.
Junto a los varios cientos de edificios públicos quemados o deteriorados y a los miles de coches incendiados, el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, recordó que también fueron desvalijados o destruidos más de mil comercios y 400 sucursales bancarias desde el inicio de las protestas. «Todo eso para nada, destruir por destruir», se indignó Le Maire en una entrevista con el canal BFMTV en la que insistió en que esa violencia «es incalificable e injustificable».
Buscan limitar el alcance de las redes
El gobierno francés abogó este miércoles por suspender algunas de las funciones de las redes sociales pero descartó querer aplicar un «apagón generalizado» en caso de disturbios, luego de las declaraciones que realizó el presidente Emmanuel Macron el martes en una reunión con alcaldes, después de que la casa del intendente de una localidad de París fuera atacada en los disturbios del sábado por la noche.
«Hay que reflexionar sobre el uso de estas redes entre los más jóvenes, en las familias, en la escuela, sobre las prohibiciones que debemos adoptar», aseguró Macron, según confirmó su oficina. La dirigencia opositora, en todo su arco ideológico, criticó la idea. «¿Cortar el acceso a las redes sociales? ¿Como China, Irán, Corea del Norte?», se preguntó el diputado derechista Olivier Marleix. «Ok Kim Jong-un», dijo irónicamente su par de izquierda, Mathilde Panot.
Consultado en rueda de prensa al término de una reunión del Consejo de Ministros, el vocero del gobierno, Olivier Véran, indicó que se trataría de suspender algunas funciones como la geolocalización. En su opinión, esta función permite «a los jóvenes reunirse en un lugar determinado, mostrando escenas de cómo prender fuego». «Son llamados a organizar el odio en el espacio público y aquí se tiene autoridad para poder suspender», agregó Véran.
Los ministerios del Interior y de Justicia enviaron cientos de solicitudes a las grandes plataformas para cancelar contenidos ilícitos, como llamamientos a actos violentos o divulgación de datos personales de policías. Los ministros de esas carteras convocaron el viernes pasado a los representantes de TikTok, Snapchat, Twitter y Meta (Facebook e Instagram). Desde entonces «los hemos sometido a una enorme presión para que retiren contenidos ilícitos y ellos respondieron muy rápidamente a las solicitudes», indicaron fuentes del gobierno.