Entramos en la era de la transparencia, en la que casi todo se sabe pero muy pocos tienen acceso a esa cuasitotalidad informativa. Vivimos en un tiempo en el que la libre circulación de información de interés púbico se hace un imperativo democrático porque cuando no puede circular la información, del mismo modo que cuando no pueden circular las personas, las democracias mueren.
Cuando decimos que la información debe circular, o sea que la ciudadanía debe tener las herramientas para accederla, no estamos hablando de cualquier tipo de información. No estamos hablando de un chisme de chat de fulbito o mamis de escuela. Estamos hablando de información de interés público.
Derecho a la información
Desde información acerca de delitos que se vienen cometiendo en el barrio donde uno vive, hasta saber que el presidente de la nación que acaba de ordenar un tremendo ajuste se fue a veranear a una playa del Caribe. Cuanto mayor es el interés púbico mayor es el derecho a saber. Entonces revelar información secreta referida a nuestra economía, nuestro medio ambiente, a la forma en que nos gobiernan, a cómo nos vigilan, a cómo nos alimentan o cómo nos matan, por sólo nombrar algunos ejemplos, no sólo está permitido y amparado por la ley, sino que resulta esencial para evitar tiranías.
Cuando se habla de una filtración en términos informativos, al menos en Argentina, rápidamente se cae en el latiguillo “robo de información”, o más común todavía, “hackeo ilegal” o “espionaje ilegal”. Llamativamente los grandes medios de información, los primeros que deberían abogar por el libre acceso a la información de interés público, son los primeros en adoptar estos latiguillos y en direccionar la agenda informativa hacia quien cometió el supuesto robo o hackeo, relegando a un segundo plano la investigación y divulgación de la información de interés público que la filtración revela.
«Espionaje ilegal»
“Yo no me voy a hacer eco de ninguna información que haya surgido de un espionaje ilegal” dijo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y entonces candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta el 4 de enero en su primera conferencia de prensa después de la difusión de los chats de Lago Escondido. La filtración, de gran impacto mediático, había revelado indicios del delito de dádivas en una trama que involucraba a un ministro del gobierno porteño, un grupo de magistrados federales, un lobbyista del principal multimedios del país y un poderoso e influyente latifundista extranjero. Pero Larreta sacó el latiguillo y al menos esa tarde no se volvió a hablar del tema.
Sin embargo no hubo ningún hackeo ilegal, al menos no para la Justicia, al menos no hasta ahora. Hubo un acceso y una divulgación de una información de evidente interés público, que involucra a personas que no sólo son públicas sino que además lo son por ser servidores públicos o personajes muy poderosos e influyentes a nivel nacional e internacional, cometiendo o facilitando presuntos delitos, lo cual hace que la información filtrada sea de enorme interés público.
Delitos informáticos
¿Entonces no existen leyes de delitos informáticos que prohíben el acceso a chats cerrados como los utilizados por los vacacionistas de Lago Escondido? Claro que sí, tanto a nivel local como federal, a aquí y en otras partes del mundo existen leyes y regulaciones para proteger datos sensibles de accesos no autorizados. Pero esas leyes que sirven para tratar de blindar a los ciudadanos de robos, estafas, fraudes, espionaje, chantajes y otros males, no fueron diseñadas para impedir el acceso a la información de interés público. Más aún, en Argentina, como en muchas democracias, las leyes de delitos informáticos no tienen rango constitucional como sí lo tiene el derecho a la información (Pacto de Costa Rica).
En Brasil la semana pasada el Supremo Tribunal Federal citó un chat cerrado del juez Moro y un grupo de fiscales en los fundamentos de su sentencia anulatoria de las causas contra Lula. Paradójicamente las dos personas que obtuvieron esa información están siendo juzgadas por delitos informáticos supuestamente cometidos para obtener dicha información.
Robo de información
Toda esta confusión nace de la errónea noción de robo de información. Como si robar información fuese lo mismo que robarse un auto, una manzana o una billetera. Pero la información no se puede robar. A ver, de vuelta, la información no se puede robar.
Un saber no se puede robar porque no tiene dueño. Este ejemplo me lo dio el propio Julian Assange: “si vamos caminando por la calle y miro tu reloj pulsera sin pedirte permiso, ¿te estoy robando la hora?”
En otras palabras: si yo accedo a tu cuenta bancaria o tus estados financieros, ¿te estoy robando esa información? ¿Y donde está la sustracción? Vos seguís teniendo la cuenta bancaria, ¿no? Y aún si borrara la información de tus cuentas en tu dispositivo la información seguiría existiendo, ¿no? En todo caso yo me habría quedado con una copia de esa información y vos con la cuenta bancaria y el dinero de la cuenta bancaria, aunque esa información ya no esté almacenada en tu computadora. Pero el número de cuenta no es ni tuyo ni mío ni del banco. Porque la información no tiene dueño, no es de nadie. O la sabés o no la sabés.
Acceso lícito e ilícito
El acceso a la información no es robo de información. El acceso puede ser lícito o ilícito dependiendo del contenido, el uso que se le da y eventualmente el grado de interés público si la información es publicada y/o entregada a la Justicia. Por eso un hackeo nunca puede ser ilegal hasta que un juez lo determine. ¿Entonces no existe el derecho a la propiedad intelectual? Diría que cada vez menos. Pero ese es otro debate, da para largo. Acá no estamos hablando de obra artística o intelectual sino de información.
Acceder a información de interés público, usando o no herramientas informáticas, superando obstáculos creados para impedir el acceso a dicha información ya sean informáticos, legales, financieros o de cualquier tipo, no solo no debería ser calificado de antemano de ilegal, sino que se trata de un derecho a ser ejercido que se vuelve cada más urgente y necesario en estos tiempos de colapso político de las democracias representativas.
Justicia para Assange
Por eso urge exigir justicia para las personas que han sido encarceladas, torturadas y asesinadas por ejercer ese derecho, empezando por el reclamo de libertad de Julian Assange. El fundador de WikiLeaks lleva más de cuatro años preso en Gran Bretaña a pedido de Estados Unidos por publicar millones de documentos auténticos y de auténtico interés público. Sus filtraciones han dado la vuelta al mundo y cambiado el destino de países y regiones. Lo acusan de espionaje ilegal y otros cargos similares que conllevan más de cien años de cárcel. En pocos días la Corte Suprema británica podría ordenar su extradición.
Defender a Assange no solo es la mejor forma de defender la libertad de expresión, como vienen diciendo las principales instituciones del mundo que se dedican a ese tema. Es también un modo de alentar a personas como él para que accedan y hagan circular información. Defender nuestro derecho a estar informados es defender la democracia, con sus errores y defectos, que supimos conseguir.