La justicia británica declaró este jueves ilegal el plan del gobierno conservador de enviar a Ruanda a los inmigrantes llegados de forma irregular al Reino Unido, un fallo celebrado por las organizaciones de derechos humanos y que el Ejecutivo piensa recurrir. La Corte de Apelación dictaminó, por una mayoría de dos jueces a uno, que Ruanda «no es un tercer país seguro» para deportar a los potenciales refugiados debido a las deficiencias de su sistema de asilo. 

«La expulsión a Ruanda será ilegal»

La Corte de Apelación admitió el recurso presentado por varios solicitantes de asilo y entidades humanitarias contra un dictamen de diciembre del Tribunal Superior que favorecía la política gubernamental. El jefe de los jueces en Inglaterra y Gales, Ian Burnett, leyó una decisión que pone en cuestión la política migratoria del gobierno, cuyo proyecto de ley de inmigración ilegal tramita actualmente el Parlamento.

Burnett explicó que, de un panel de tres magistrados, Geoffrey Vos y Nicholas Underhill concluyeron que las insuficiencias del sistema ruandés suponen un «riesgo real» de que las solicitudes de asilo no sean procesadas adecuadamente y los candidatos sean repatriados a sus países. «A menos que se corrijan las deficiencias de sus procedimientos de asilo y hasta que no se corrijan, la expulsión de solicitantes de asilo a Ruanda será ilegal», afirmaron.

El Reino Unido y Ruanda acordaron en abril de 2022 un plan a cinco años para la transferencia a Kigali de la mayoría de inmigrantes que lleguen por vías no autorizadas a territorio británico, cuyas demandas se procesarían allí sin posibilidad de retorno. A cambio, Londres facilitaría al país africano 120 millones de libras (unos 150 millones de dólares) en fondos para el desarrollo y se haría cargo de los costos de tramitación e integración de cada persona reubicada.

El Ejecutivo no cede

El primer ministro Rishi Sunak, nieto de inmigrantes indios, se mostró en desacuerdo con el fallo y anunció que lo apelará ante la Corte Suprema. «La política de este gobierno es muy sencilla, es este país y su gobierno quien debe decidir quiénes vienen, no las bandas de criminales«, disparó Sunak, insistiendo en que «Ruanda es un país seguro».

La ministra del Interior, Suella Braverman, dijo por su parte que sigue «plenamente comprometida» con el plan original. Braverman subrayó que, si bien el tribunal censuró el sistema ruandés, al mismo tiempo «deja en claro que la política de reubicar a los solicitantes de asilo a un tercer país seguro para el procesamiento de sus solicitudes es acorde a la Convención de Refugiados».

Como sus predecesores Boris Johnson y Liz Truss, Sunak considera una prioridad reducir la inmigración al Reino Unido, una de las grandes promesas del Brexit. Su gobierno quiere ilegalizar las solicitudes de asilo de quienes lleguen de forma irregular y enviar a esas personas a terceros países «seguros», como Ruanda.

Con este programa, el Ejecutivo británico busca disuadir a los migrantes de cruzar irregularmente en pequeñas embarcaciones desde las costas de Francia, una de las rutas más peligrosas del mundo por su gran tráfico de cargueros. El número de estas travesías se disparó en los últimos años. Más de 45 mil migrantes llegaron de forma irregular a las costas inglesas en 2022, un aumento del 60 por ciento respecto a 2021. Más de 11 mil personas lo han hecho desde principios de 2023.

Al igual que su par británico, el gobierno de Ruanda se distanció del fallo al sostener que el suyo «es uno de los países más seguros del mundo». «Ruanda sigue totalmente comprometida con hacer que esta asociación funcione. El fallido sistema de migración global no protege a las personas vulnerables y empodera a las bandas criminales de tráfico» humano, declararon las autoridades del país africano.

«Propuesta cruel e inhumana»

Entre la oposición británica la vocera de Interior del laborismo, Yvette Cooper, instó a anular el plan por «inviable, poco ético y exorbitante». Cooper resaltó que, según datos del propio Ejecutivo tory, el costo de las deportaciones a Kigali se estima en 169 mil libras por persona (213 mil dólares), más de lo que cuesta actualmente tramitar las solicitudes en el país.

ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, celebró la decisión de los jueces y subrayó su oposición a «la externalización de las obligaciones de asilo». Yasmine Ahmed, de Human Rights Watch, deseó que «se relegue esta propuesta cruel e inhumana a los libros de historia», mientras que la portavoz de Amnistía Internacional en Reino Unido, Sacha Deshmukh, instó a abandonarla «antes de que se haga más daño a la reputación internacional» del Reino Unido o «a las personas afectadas». 

El primer vuelo con inmigrantes con destino a Ruanda fue detenido el 14 de junio de 2022 por una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue muy criticada por el Ejecutivo conservador. Arrancó entonces un arduo proceso judicial interno en el que se examinaron las diferentes variables de estos traslados, también por la posible desprotección de los migrantes afectados. Sunak se comprometió a reducir las cifras de la migración. 

También anunció cambios para agilizar las expulsiones y el despliegue de ferries para acoger de manera temporal a quienes atraviesen el canal de la Mancha. Esta ruta se ha cobrado más de 200 vidas desde el año 2014, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tiene registradas dos víctimas fatales desde principios de 2023.