Un tribunal de segunda instancia en Brasil, ratificó una sentencia impuesta al expresidente Jair Bolsonaro por el «daño moral colectivo» que causó a los periodistas con sus recurrentes ataques a la prensa, durante sus cuatro años de gobierno.

La sentencia, publicada este viernes, fue dictada por la Cuarta Cámara de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de San Pablo, reduciendo la indemnización fijada en primera instancia como pena al expresidente, de 100.000 a 50.000 reales (10.000 dólares).

Bolsonaro tendrá que girar el dinero al Fondo Estatal de Defensa de los Derechos Difusos, cuyo objeto es promover la reparación de daños causados al medio ambiente o derechos de carácter artístico o colectivos. El equipo legal de Bolsonaro argumentó que «nunca hubo censura» y que sus palabras no se referían a todo el oficio, «sino a determinados profesionales».

Los agravios

En abril de 2021, el Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de San Pablo (SJSP) interpuso una demanda contra el exmandatario para que dejara de ofender, deslegitimar y descalificar la profesión periodística, además de filtrar datos personales de los reporteros.

El coordinador legal del SJSP, el abogado Raphael Maia, sostuvo que las declaraciones de Bolsonaro se produjeron «de forma hostil, irrespetuosa y humillante, con el uso de violencia verbal, blasfemias, expresiones peyorativas, homófobas, xenófobas y misóginas». Y agregó: «(Estas) van más allá de su derecho a la libertad de expresión e implican un acoso moral colectivo contra todas las categorías de periodistas, atentando contra la propia libertad de prensa y la democracia, ya que tienen el poder de infundir miedo a los profesionales de la prensa».

Las descalificaciones y hasta amenazas de Bolsonaro y los grupos de extrema derecha a los periodistas, fueron reflejadas en informes presentados por varios organismos internacionales. Uno de ellos, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y publicado en abril pasado, destacó que «a partir de octubre se produjo una marcada radicalización de los partidarios de extrema derecha» en Brasil, dejando constancia de que «muchos periodistas fueron acosados y agredidos». 

Según datos de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, Bolsonaro fue autor de un total de 557 agresiones a los medios de comunicación y sus profesionales durante sus cuatro años de gestión, que se intensificaron en la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva con el 50,9% de los votos en el ballotage. La sentencia confirmada este viernes, sin embargo, se refiere a hechos anteriores a la campaña y que, según el tribunal, fueron una «característica» del Gobierno del líder de la ultraderecha.

Un ejemplo es el que vivió la periodista Vera Magalhães durante el debate presidencial del año pasado, en el que le hizo una pregunta a Bolsonaro en relación a las vacunas contra la Covid-19. «Vera, no podía esperar otra cosa de ti. Estás enamorada de mí. No se puede tomar partido en un debate como este. Hacer acusaciones mentirosas sobre mí. Eres una desgracia para el periodismo brasileño. No pedí tu opinión», le respondió el mandatario. Luego del debate, el diputado estatal de San Pablo Douglas García, la amenazó.

Enredado en el sistema judicial

Bolsonaro enfrenta cuatro investigaciones de la Corte Suprema que podrían enviarlo a prisión, y también 16 casos ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil. Este, que investiga en particular las afirmaciones no probadas de Bolsonaro de fraude generalizado en el sistema electoral de Brasil, podría despojarlo de su derecho a postularse a la presidencia durante ocho años, apartándolo de esa carrera en 2026.

El Congreso de Brasil estableció este jueves una comisión para investigar el intento de golpe de Estado producido a principios de este año, que será controlada por el oficialismo. Bolsonaro es señalado como sospechoso de haber incitado el movimiento golpista, aunque hasta ahora en la investigación no se encontraron pruebas concluyentes.

El martes 16 de mayo el expresidente brasileño se presentó en la sede de la Policía Federal en Brasilia para declarar como sospechoso de presuntos fraudes con certificados de la vacuna anticovid, la cual asegura que no tomó. Se trata de la tercera comparecencia del líder de la ultraderecha en los últimos dos meses ante las autoridades policiales, que también lo citaron a declarar por su supuesta intención de adueñarse de unas joyas saudíes que son propiedad del Estado, y por su presunto apoyo al intento de golpe.

En relación a la vacuna anticovid, la Policía Federal sospecha que los datos del exmandatario y los de algunos de sus familiares y asesores, habrían sido manipulados para que pudieran ingresar a Estados Unidos, en momentos en que los certificados eran exigidos por las autoridades de ese país. Se cree que la familia Bolsonaro no está realmente vacunada, a pesar de lo que dicen los certificados. Por ese asunto, se allanaron el pasado 3 de mayo las residencias de Bolsonaro y detuvieron a seis excolaboradores.