Vivimos un septiembre «afiebrado». Así describe Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, al mes emblemático en el calendario de su país, cuando se están por cumplir 50 años del golpe de Estado contra Allende Allende.
Es que la oposición de derecha rechazó firmar un compromiso por la democracia este 11 de septiembre y, por el contrario, presentó una declaración propia, desmarcándose del gobierno de Gabriel Boric.
El ministro Cordero es quien encabeza un Plan Nacional de Búsqueda de desaparecidos que anunció el mandatario el 30 de agosto.
«Para los familiares de las víctimas es un cambio significativo, porque por primera vez el Estado como institución está al lado de ellos, acompañándolos en la búsqueda de justicia», señala en entrevista con PáginaI12 en la embajada de Chile en Buenos Aires.
Esa búsqueda se cruza con su historia personal, ya que Cordero tiene dos tíos de su padre desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet: Manuel y Luis Silva Carreño -los restos de Luis aún no fueron identificados-. «En la casa de mi abuela se vivía con algún silencio, porque mi padre era carabinero y mi abuela tenía sus dos hermanos detenidos y desaparecidos».
– ¿Qué pasó en todos estos años que recién ahora se lanza un plan de búsqueda de desaparecidos?
–Lo que pasa es que esto tiene que ver con la historia de Chile desde el retorno a la democracia. Durante la década del noventa y parte del 2000, se desarrollaron comisiones de verdad que tenían por propósito saber lo que sucedió, bajo qué condiciones, identificar a las personas o los nombres de las personas afectadas.
— Los informes Rettig y Valech.
– La Comisión Nacionalde Verdad y Reconciliación, que es el informe Rettig, cuando uno lo mira en retrospectiva no sólo fue valiente, sino que además surgió en un contexto muy adversario de las instituciones como el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y los partidos políticos de derecha que, de hecho, descalificaron el informe. A finales de los noventa, Pinochet fue detenido en Londres. Durante la década de los noventa, las víctimas comenzaron a ejercer acciones, teníamos la tensión con la aplicación de la Ley de Amnistía. La detención de Pinochet en Londres abrió una discusión interna muy significativa en Chile. Pinochet volvió al país en marzo del 2000. Previamente, se había constituido la mesa de diálogo, donde supuestamente se había entregado información. Parte de esa información fue errada y otra directamente falsa, en algunos casos. Pero eso permitió que el país tomara la decisión de designar jueces de dedicación exclusiva, específicamente para casos de derechos humanos, que es lo que nosotros tenemos hasta hoy. Durante el 2000, en la administración del presidente Lagos, se conformó una comisión para indagar esta vez sobre los casos de tortura y prisión política, que se conoció como el informe Valech. Entonces, el país avanzó en materia de verdad mediante comisiones y leyes de reparación específicas para las víctimas, pero en materia de justicia, dejó entregado eso al rol de los jueces, principalmente. Pero para que eso funcionara, esencialmente fueron los familiares de las víctimas quienes ejercieron las acciones y quienes han sostenido durante largos años las indagaciones judiciales.
– El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia apunta a identificar a 1100 desaparecidos a partir de sistematizar información.
-El presidente Boric lo que ha asumido es que, dado el volumen de información que el país ha reunido en expedientes judiciales durante los últimos 20 años y los esfuerzos que se han realizado con anterioridad, pareciera sensato que en materia de justicia, el Estado se hiciera cargo de lo que le corresponde. Es decir, que esto ya no recaiga en los hombros de los familiares, sino que sea una obligación permanente del Estado. Finalmente, fueron los funcionarios del Estado y el Estado en sí que, en ejecución de una política represiva contra opositores políticos, cometieron los crímenes. Entonces es el Estado el que tiene que asumir la responsabilidad a la búsqueda, no sólo la reparación. Y ese es el eje central sobre el cual está construido el Plan Nacional de Búsqueda, que para algunos puede ser una cosa simplemente menor, pero para los familiares es un cambio significativo porque por primera vez el Estado como institución está al lado de ellos en la búsqueda de justicia. Y eso termina por ordenar buena parte de los debates en el país y por eso, tiene una significación muy relevante en dos dimensiones: para los familiares y para el país. Es una manera de abordar y dejar que esto esté confinado en los pasillos de los tribunales y que vuelva a estar presente en la sociedad chilena. No por rememorar el pasado o abrir las heridas, sino que esencialmente porque es la manera de recomponernos socialmente.
-Chile siempre ha estado polarizado, pero hoy existen declaraciones más explicitas y negacionistas de lo que ocurrió ¿A qué se debe?
– Yo aquí distinguiría dos cosas. Creo que hay un mundo, en la política chilena, que le ha costado aceptar que en Chile existieron violaciones a los derechos humanos. Primero las negaron, luego dijeron que fueron excesos y finalmente, que sí fueron violaciones de derechos. Estoy hablando especialmente del mundo de la derecha. Yo creo que la declaración del expresidente (Sebastián) Piñera sobre los cómplices pasivos, lo que hace es decir que hay un mundo en la derecha, que habitualmente participó del parlamento desde el retorno de la democracia, ese mundo que dijo que el informe Rettig era una distorsión de la historia y una falsedad. Hoy ese mundo no diría eso respecto a la violación de los derechos humanos. Lo que sí creo que tenemos es una discusión que ha reavivado los fundamentos del golpe. En materia de derechos humanos, aún algunos sectores de la ultraderecha estos días reconocen que existieron violaciones. Entonces yo distinguiría que lo que probablemente está pasando en la sociedad chilena en esta conmemoración a diferencia de las anteriores es que viene esta retórica, de las razones del golpe o que no hay un Pinochet sin un Allende. Entonces como que hay una especie de empate sobre la crisis que provocó o que estaría detrás del golpe de septiembre del 73 y ahí hay una tensión entre la justificación y la no justificación. Y eso es lo que yo creo que ha tensionado en el último tiempo la sociedad chilena. Pero yo soy de los que creen que, pese a ese ruido, en Chile hay consensos que son esenciales. El primero es que un gobierno electo democráticamente no puede terminar por la fuerza. Segundo, que uno no puede tratar al adversario como un enemigo que justifique, o que de algún modo pretenda justificar violaciones y crímenes contra esas personas. Y esas dos ideas, eso es lo que produce en Chile, lo que es como la paradoja de septiembre. Nosotros cada cierto año vivimos años afiebrados.
-¿Este sería uno?
-Este es un año afiebrado. Este es uno de los años afiebrados. Y los septiembres nuestros son los que viven en esa tensión, pero es una tensión que además tiene presente la fragilidad de la democracia. Entonces la conciencia de que la democracia es frágil nos lleva a que, a pesar de esa disputa, igual tengamos presente que a las instituciones las tenemos que cuidar.