El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este miércoles olvidar a su antecesor, Jair Bolsonaro, para poder imponer su agenda de gobierno, pero al mismo tiempo convocó a mantener la memoria sobre el intento de golpe de Estado que sufrió hace un mes, el 8 de enero, cuando seguidores del ultraderechista asaltaron las sedes de los poderes del Estado en Brasilia.
«No podemos olvidar»
«Vamos a superar los escollos que se van presentando, creo que es mejor que olvidemos a quien gobernó este país hasta el 31 de diciembre, pero lo que no podemos olvidar nunca es el intento de golpe del 8 de enero, que tal vez iba a ser el 1 y no lo hicieron por la cantidad de gente que había en mi asunción», aseguró Lula durante un discurso al abrir el Consejo Político, una instancia de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.»No tengo dudas de que esto fue orquestado por el mayor responsable de la difusión del odio, de la industria de la mentira, de las noticias falsas que ocurrió en los últimos cuatro años», señaló, sin nombrar directamente a Bolsonaro.
A la vez, Lula defendió «gobernar sin pedirle permiso a nadie, sino llevando adelante el plan de gobierno votado por el pueblo», en referencia también a las batallas políticas que lanzó, como combatir la tasa de interés del 13,5% del Banco Central, cuyo presidente es un bolsonarista con mandato hasta 2024, y mandar a revisar por «casi delincuencial» el proceso privatizador de la gigante eléctrica Eletrobras. Antes del acto en el Palacio del Planalto, Lula se había referido en redes sociales al primer mes de los ataques, ocurridos una semana después de su asunción como jefe de Estado.
«La democracia es el patrimonio más preciado de la población brasileña. La justicia será firme contra quien intente quitársela al pueblo», dijo Lula en sus redes, donde publicó un video sobre los daños causados al Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) y la reconstrucción de los edificios y su patrimonio histórico y artístico.»El 8 de enero la sede de nuestros poderes fue invadida y vandalizada por personas que no respetan al pueblo ni a Brasil. Un mes después, seguimos firmes trabajando en defensa de la democracia, unión y reconstrucción del país», afirmó Lula.
Video recordatorio
La Presidencia brasileña divulgó un video que recuerda el acto golpista del 8 de enero perpetrado por miles de bolsonaristas que, con la zona liberada por parte de la policía de Brasilia, invadieron la Plaza de los Tres Poderes y destruyeron los edificios para pedir un golpe de Estado militar que saque del poder a Lula, quien le ganó en octubre las elecciones a Bolsonaro.
Durante este mes, Lula acusó a Bolsonaro de haber sido el instigador del golpe de Estado desde Orlando, Estados Unidos, adonde llegó el 30 de diciembre tras abandonar el país dos días antes de terminar su mandato.
Bolsonaro está siendo investigado por el STF por su posible vinculación con los ataques golpistas, en virtud de que luego del asalto a los poderes publicó en las redes sociales un video en el cual denunciaba «fraude» en las elecciones ganadas por Lula y reconocidas por la comunidad internacional y los partidos políticos brasileños.
Según informó la Fiscalía general, 942 personas se encuentran detenidas en las cárceles de Brasilia acusadas de sedición, intento de ruptura del régimen constitucional, asociación ilícita, vandalismo y otros delitos en relación con el ataque. Otras 464 lograron la excarcelación por diversos motivos, pero siguen procesadas. El viernes pasado, en declaraciones al canal Rede TV, Lula acusó directamente a Bolsonaro de haber sido el organizador de la intentona, la más grave desde el fin de 21 años de dictadura militar en 1985.»Este ciudadano preparó el golpe. Hoy tengo conciencia y lo diré alto y claro: estoy seguro de que Bolsonaro participó activamente de ello y todavía intenta participar», aseguró.
Intervención federal
Lula decretó la intervención federal de la policía de Brasilia durante enero y contó que rechazó una recomendación castrense para que el Ejército asumiera el gobierno de la capital por un supuesto estado de conmoción nacional. La fiscalía general y el ministro de Justicia, Flavio Dino, concordaron en que el germen del golpe estuvo en el campamento montado por bolsonaristas frente al cuartel del Ejército en Brasilia para pedir una intervención militar. Dentro del campamento estaban figuras vinculadas a los principales generales retirados que fueron funcionarios de Bolsonaro, como la esposa del el exjefe del Ejército Eduardo Villas Boas, exasesor del Palacio del Planalto.
Solo ocho procesos fueron abiertos contra oficiales del Ejército y dentro de la justicia militar, con secreto de sumario. El intento de golpe descabezó a la cúpula del Ejército en una semana y provocó la detención por parte de Alexandre de Moraes, juez del STF, del exministro de Justicia de Bolsonaro y exsecretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, por haber preparado a la policía para permitir el ataque.
Moraes, en tanto, suspendió de su cargo al gobernador de Brasilia, el bolsonarista Ibaneis Rocha, quien había nombrado a Torres el 2 de enero como su secretario de Seguridad. Dos días después de haber sido designado al frente de la seguridad de la capital, Torres viajó a Orlando a reunirse con Bolsonaro y cambió a la cúpula policial, que no reprimió el avance de los atacantes contra los edificios.
Por la Constitución, la sede de los poderes es protegida por la policía de Brasilia, que recibe una parte del presupuesto federal para ello. En ese marco, el expresidente Bolsonaro puede «volver en pocos meses o nunca» a Brasil, según dijo uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro.
Operación de inteligencia
El exmandatario -según publicó un senador ultraderechista aliado, Marcos de Val– intentó en septiembre armar una operación de inteligencia para colocarle micrófonos al juez Moraes, también presidente del tribunal electoral, con el objetivo de manipular esas escuchas e intentar anular el proceso electoral y denunciar fraude.
Por otra parte el sitio Brazilian Report publicó que Walter Delgatti, un hacker que se hizo conocido por divulgar las escuchas ilegales de manipulación de pruebas de la Operación Lava Jato que permitió la anulación de las causas contra Lula, contó que fue contratado por el bolsonarismo. Además, reveló que había sido contratado por Carla Zambelli, diputada bolsonarista, para intentar pinchar el teléfono de Moraes, el juez supremo convertido en el enemigo número uno del bolsonarismo por haber encarcelado a varios ultraderechistas y abrir una megacausa sobre «fake news» y su impacto en el estado de Derecho.