El presidente Lula da Silva dio una muestra de firmeza contra los militares este sábado, destituyendo nada menos que al comandante del Ejército de Brasil, Júlio César de Arruda, en medio de un clima de desconfianza entre el mandatario y sectores de las Fuerzas Armadas, desde el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema el pasado 8 de enero.
Esto ocurrió un día después de la reunión del presidente con Arruda y los comandantes de la Marina y la Aeronáutica para discutir inversiones y planes para modernizar las tres fuerzas.
Según el diario Folha de Sao Paulo, la decisión fue comunicada este mismo sábado a Arruda, que deja el cargo antes de completar su primer mes en el mismo. Lula habría tomado esa determinación porque Arruda «no demostró disposición» en tomar medidas «inmediatas» para aplacar sus dudas sobre la actuación de algunos sectores militares en la intentona golpista.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT), que asumió el poder el pasado 1 de enero, ha manifestado en diversas ocasiones sus dudas sobre el papel de las Fuerzas Armadas en relación a la invasión y los graves daños causados en las sedes de los tres poderes.
La semana pasada, en un desayuno con periodistas, aseguró que hubo «muchos militares y policías» que fueron «conniventes» con el intento de golpe y estaba «convencido» de que alguien desde adentro del palacio presidencial de Planalto «facilitó» la entrada de los radicales de derecha.
El miércoles, en una entrevista a GloboNews, dejó entrever esa desconfianza al criticar las agencias de inteligencia «del Ejército, de la Policía y de la Marina» por no avisarle que bolsonaristas se estaban organizando para el asalto de Brasilia.
Arruda asumió como comandante del Ejército el pasado 30 de diciembre, cuando aún estaba en el poder el ahora expresidente Jair Bolsonaro, y continuó en el cargo con el Gobierno de Lula. Su sustituto será el general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, quien esta semana, en una ceremonia militar, hizo un fuerte alegato en defensa del orden democrático y del resultado de las elecciones de octubre, en las que Lula derrotó a Bolsonaro, quien todavía sigue sin reconocer su derrota en las urnas.
La Corte Suprema también actúa
La Corte Suprema de Brasil ordenó la prisión preventiva por tiempo indefinido a 942 de los 1.406 seguidores del expresidente Jair Bolsonaro detenidos por los actos golpistas del 8 de enero, informó este viernes el tribunal.
El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, concluyó el análisis de las audiencias de custodia de los detenidos en flagrancia, quienes pasarán al régimen de prisión preventiva, una medida cautelar que no estipula un plazo para una sentencia.
Otras 464 personas fueron amparadas con medidas cautelares y responderán ante la Justicia en «libertad provisional», pero sometidos al uso de tobillera electrónica para ser monitoreados y a presentación semanal ante las autoridades.
De acuerdo con el alto magistrado, quien el miércoles había dado un balance parcial de las audiencias, «las conductas fueron ilícitas y graves, con la intención de, por medio de violencia y grave amenaza, impedir el ejercicio de los poderes constitucionales constituidos». De Moraes indicó que los implicados entran a prisión preventiva por participar en «actos de terrorismo» y «destrucción de predios públicos» y responderán por los delitos de «asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado» y «amenaza, persecución e incitación al crimen».
Lula y los yanomamis
El presidente Lula da Silva viajó este sábado al estado amazónico de Roraima y prometió a las comunidades originarias yanomamis, más médicos y acabar con la minería ilegal para resolver la crisis humanitaria que enfrentan, después de cuatro años «abandonados» por el exmandatario Jair Bolsonaro.
«Les prometo que vamos a resolver este problema; estas personas van a ser tratadas decentemente», afirmó Lula en Boa Vista, capital del estado fronterizo con Venezuela, adonde viajó para conocer in situ la grave situación de los yanomamis.
El jefe de Estado visitó una Casa de Salud Indígena Yanomami en el interior Boa Vista, donde dijo haber visto «niños muy delgados, muy desnutridos». El Gobierno declaró la noche del viernes el estado de «emergencia sanitaria» de «importancia nacional» en la reserva indígena Yanomami, la más grande de Brasil con casi 10 millones de hectáreas, ante la «desasistencia» médica de los últimos años.
Lula denunció el tratamiento «inhumano» que están recibiendo los miembros de esta etnia, que viene sufriendo casos de desnutrición infantil y malaria que están derivando en muertes evitables. Por esto responsabilizó a Bolsonaro, quien durante los cuatro años de su gestión defendió la minería y la explotación de madera en territorios indígenas. «Si en vez hacer tanto paseo en moto, hubiera tenido la vergüenza de venir aquí, quizá este pueblo no estaría tan abandonado como está», criticó Lula, quien reforzó su compromiso de acabar con la minería informal que está destruyendo la selva y contaminando los ríos de la reserva Yanomami, vitales para la supervivencia de este pueblo: «Nos vamos a tomar muy en serio eso de acabar con la minería ilegal y aunque se tenga autorización para operar, se puede hacerlo sin destruir el bosque y el agua».
Según organizaciones ecologistas, «más de 20.000 mineros» informales, principalmente buscadores de oro, actúan en esa reserva. Lula señaló que es necesario atender a los indígenas en sus comunidades y no trasladarlos siempre a Boa Vista, donde «no saben cuándo van a volver» a sus aldeas por la falta de transporte.
La declaración de emergencia sanitaria la firmó la ministra de Salud, Nísia Trindade, quien montará un centro de operaciones de emergencias en salud pública para «planear, organizar, coordinar y controlar» las medidas que se tome.