El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes en un mensaje televisivo que escucha la «ira» de los franceses contra su impopular reforma de las pensiones, aunque de todas formas la considera «necesaria» y entrará en vigor «a partir de este otoño» boreal.
«Nadie puede permanecer sordo» a esta «ira» de los manifestantes, dijo en un discurso desde el Palacio del Elíseo y lamentó que no se haya logrado un «consenso» sobre esta reforma clave para su segundo mandato.
Francia vive una crisis política y social desde enero por esta reforma que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa.
Pese al rechazo de los sindicatos y la gran mayoría de franceses, según los sondeos, Macron decidió en marzo adoptar por decreto su ley, al temer perder la votación en el Parlamento, lo que radicalizó las protestas y acrecentó el malestar.
Para pasar página, el jefe de Estado de 45 años anunció un «nuevo pacto sobre la vida en el trabajo», que abordará la «mejora de ingresos» y las condiciones laborales, y un «mejor reparto de la riqueza». Su objetivo es construir ese pacto con los sindicatos, a los que dijo que su puerta estará «siempre abierta», pese a que durante el trámite parlamentario de la reforma rechazó reunirse con ellos, como le pidieron en una carta.
Para relanzar su segundo mandato hasta 2027, en punto muerto por el conflicto de las pensiones, Macron anunció una serie de medidas como la lucha contra la «inmigración ilegal» y los fraudes sociales y fiscales. La educación y la sanidad son otros de los ámbitos que priorizará: «Tenemos ante nosotros 100 días de apaciguamiento, de unidad, de ambición y de acción al servicio de Francia». Durante su discurso hubo cacerolazos ante ayuntamientos de varias ciudades.
Macron incluía la polémica reforma en el programa electoral por el que fue votado y ha sido inflexible, tomando todos los atajos legales para aprobarla: no lo apoyaban los diputados ni la clara mayoría de la población expresada en la calle. Los únicos que la votaron fueron los senadores, quienes antes se aseguraron que la reforma no afecte sus privilegios previsionales. El costo político será alto y el mayor temor es que esto le alise el terreno a la ultraderecha para llegar al poder. Desde el punto de vista legal, el asunto está casi cerrado. Pero desde una perspectiva política, el final aun puede estar abierto: las inéditas y masivas movilizaciones van a seguir.