El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió una segunda carta al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para exigir la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, implicado en el caso de Ayotzinapa.
México había anunciado desde septiembre de 2020 la solicitud para extraditar desde Israel a Zerón, exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
En 2021, López Obrador envió una primera carta sobre el tema cuando el primer ministro era Naftali Bennet, cuyo Gobierno fue «muy sensible» y «prometió ayudar», según contó el mandatario mexicano entonces. No obstante, el proceso se complicó porque ambos países no tienen acuerdo de extradición y The New York Times publicó que Israel desatendió la petición por presunta represalia al voto de México en la ONU a favor de investigar la crisis en Palestina.
La polémica creció en los últimos meses después de que López Obrador acusó a Israel de proteger a Zerón en medio de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que acusa al exfuncionario de haber adquirido el sistema israelí de espionaje Pegasus en 2014. «Existe la versión de que la protección es porque compraban los equipos de espías, de espionaje, que son de Israel y eso los protege. Imagínense, por un negocio, por una compraventa, por dinero, proteger a quienes violan derechos humanos”, señaló este martes el presidente en una conferencia matutina es la sede del Poder Ejecutivo. «Nadie debe proteger torturadores en el mundo, y mucho menos quienes sufrieron de represión, de tortura, de extermino. Estoy seguro de que la comunidad judía en México nos va a ayudar también porque no se puede permitir esto», añadió.
Zerón se considera uno de los autores claves de la «verdad histórica», versión del Gobierno de Peña Nieto desmentida ahora, que señalaba que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los mató e incineró en un basurero de Cocula. Dicha versión fue cuestionada por familiares y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.