Desde Lima
El expresidente Pedro Castillo, destituido el miércoles por el Congreso, es ahora vecino del encarcelado exdictador Alberto Fujimori. Ambos están detenidos en un cuartel policial en las afueras de Lima, parte de cuyas instalaciones han sido convertidas en prisión exclusiva para expresidentes. Están en espacios separados, sin tener contacto. Fujimori está recluido desde 2007 purgando una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y varios cargos de corrupción. Ahí también estuvo en prisión preventiva el expresidente Ollanta Humala por nueve meses entre julio de 2017 y abril de 2018, procesado por corrupción. Ahora Castillo es el nuevo inquilino de “la cárcel de los presidentes”. El expresidente ha pedido asilo a México.
Manifestaciones
Luego de estar detenido por varias horas en una dependencia policial, en la noche del miércoles Castillo fue llevado esposado a un cuartel para desde ahí ser trasladado en un helicóptero a la Dirección de Operación Especiales de la Policía, donde se ubica el penal Barbadillo, que ahora comparten Castillo y Fujimori. Frente a este cuartel decenas de sus simpatizantes se manifestaron exigiendo la libertad del expresidente. En ciudades del interior hubo movilizaciones, que no fueron masivas, pidiendo el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales adelantadas para la presidencia y el Parlamento. “Congreso corrupto” y “Castillo libertad”, eran proclamas que se escuchaban en esas movilizaciones.
El destituido expresidente está acusado de rebelión y conspiración por haber intentado cerrar inconstitucionalmente el Congreso, cargos por los que podría ser sentenciado a entre diez y veinte años. Este jueves un juez supremo dictó prisión preliminar por siete días para el expresidente. La fiscalía se tomará este plazo para presentar un pedido de prisión preventiva que podría extenderse hasta por tres años mientras Castillo es juzgado por los delitos por los que se le acusa.
Vestido con la misma casaca azul claro que llevaba cuando fue apresado el miércoles y con signos de cansancio y abatimiento en el rostro, Castillo se presentó este jueves desde su lugar de reclusión en la audiencia virtual en la que se decidió su prisión preliminar. Cuando al final de la audiencia el juez le preguntó si tenía algo que decir, respondió que se sometía a lo dicho por su defensa y no tenía nada más que agregar. Estaba acompañado por su abogado y su exjefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, quien también es abogado. Torres, que también lo acompañó cuando fue detenido, asumió como jefe del gabinete en febrero de este año y dejó el cargo hace dos semanas en medio de una crisis con el Congreso.
El abogado de Castillo, Víctor García, rechazó los cargos de la fiscalía por los delitos de rebelión y conspiración argumentando que el intento de golpe de Estado cerrando el Congreso no se había consumado. Calificó el mensaje televisado de Castillo en el que ordenó el cierre del Congreso como “una simple declaración”. Dijo que no había delito porque no hay una orden escrita firmada por el expresidente para cerrar el Congreso. “Los actos no son verbales, se efectivizan en documentos. No hay un documento en el que Castillo haya dispuesto disolver el Congreso,” argumentó el abogado. También señaló que al no haberse dado “un levantamiento en armas” no había delito de rebelión. La fiscalía respondió que el mensaje televisado al país de Castillo fue una orden para que se cierre el Congreso y que su fracaso no lo exime de la responsabilidad por esa orden, la cual, indicó el fiscal, fue pública y clara aunque no haya un documento firmado. La fiscalía señaló que Castillo debía quedar en prisión porque “existe peligro de fuga” ya que había intentado sin éxito asilarse en la embajada de México. El juez le dio a razón a la fiscalía y Castillo quedó detenido.
Pedido de asilo a México
Este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que Castillo lo llamó el miércoles para pedirle asilo. Lo hizo cuando era evidente que se había quedado solo y su intento de cerrar inconstitucionalmente el Congreso había fracasado. López Obrador llamó a su canciller Marcelo Ebrard para decirle que ordene le abran las puertas de la embajada. Castillo abandonó presuroso Palacio de Gobierno con su esposa y sus hijos, pero cuando estaban en camino a la embajada su escolta recibió la orden de detenerlo y nunca llegó a su destino. López Obrador lamentó la destitución de Castillo y recordó que su gobierno estuvo permanentemente bajo el acoso desestabilizador de la oposición de derecha. “Desde que ganó legítimamente las elecciones fue víctima de acoso, no aceptaron sus adversarios, sobre todo las élites económicas y políticas, que él gobernara, entre otras cosas, y eso es lo que más lamento, porque lo consideraban serrano”, señaló el presidente mexicano.
El embajador de México en Perú, Pablo Monroy, fue a visitar a Castillo a la prisión. El abogado del expresidente, Víctor García, oficializó por escrito el pedido de asilo a México. En esa solicitud señala que el expresidente es víctima de una persecución judicial al ser procesado “por meros anuncios de voluntad o intención que no configuran ningún ilícito penal”. En el pedido de asilo dice que Castillo “se encuentra en grave peligro”.
Congresistas oficialistas y algunos de quienes fueron sus ministros visitaron al exmandatario. “Está en buenas condiciones de salud, lúcido. Vamos a velar por su salud, su integridad. Estaremos pendientes”, declaró el legislador Pasión Dávila. “Está sereno, confiado en la justicia de su pueblo”, señaló otro de sus visitantes, Roberto Sánchez, quien fue su ministro de Comercio Exterior durante todo su gobierno.
Mientras Castillo inicia sus días en prisión, la pregunta que todos se hacen es cómo el expresidente decidió lanzarse a anunciar el cierre del Congreso -un Congreso controlado por una derecha golpista- sin un respaldo mínimo que lo sostenga. Ese anuncio terminó siendo un salto al vacío.