Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se movilizó a Perú llegó este jueves a la ciudad de Juliaca, donde el lunes murieron 20 personas en la jornada más sangrienta desde que estallaron las protestas antigubernamentales hace un mes. La comitiva de este organismo, liderada por el vicepresidente y relator para Perú, Stuardo Ralón, tenía previsto inicialmente sostener varios encuentros en las ciudades de Lima, Arequipa e Ica, donde el miércoles llegó un grupo integrado por el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca.
Pero según informó este jueves la CIDH a través de Twitter, la delegación consiguió finalmente llegar también a Juliaca, ubicada en la sureña región de Puno, colindante con Bolivia. «La delegación de CIDH está en Lima, Arequipa y Juliaca. Los comisionados Stuardo Ralón y Joel Hernández, junto al equipo técnico, se reúnen con autoridades y amplios sectores sociales para recibir información sobre las protestas sociales y el contexto actual», informó el organismo.
Epicentro de la violencia
Juliaca, ubicada a unos 1.300 kilómetros de Lima, fue escenario el lunes de la jornada más sangrienta desde que iniciaron las protestas en diciembre pasado en Perú, debido a una feroz represión policial que se saldó con la muerte de 20 personas, entre ellas dos menores de edad. Esta ciudad andina, cuyo aeropuerto permanece cerrado, se convirtió en el eje de las movilizaciones que exigen la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones en 2023 desde que se retomaron las protestas el pasado cuatro de enero, tras la tregua navideña.
El miércoles, los manifestantes de Juliaca pararon sus movilizaciones para rendir un homenaje público y masivo a los 17 manifestantes fallecidos el lunes, con una procesión con los ataúdes por el centro de la ciudad y una misa comunitaria. Este jueves la Dirección Regional de Salud del departamento peruano de Puno elevó a 20 la cifra de fallecidos en el marco de las protestas en Juliaca, entre ellas un policía.
Las autoridades peruanas ya confirmaron el miércoles que los civiles que perdieron la vida por la represión las fuerzas de seguridad habrían muerto a consecuencia de las heridas ocasionadas por proyectiles de armas de fuego. Estos hechos desmienten la versión oficial dada hasta ahora, con la que el gobierno de Boluarte aseguraba que los manifestantes habían muerto a causa del arrojamiento de piedras o por heridas causadas con armas punzocortantes. Hasta la fecha las protestas en Perú suman un saldo de 49 personas fallecidas y cientos de heridos, según la Defensoría del Pueblo.
Reunión con Boluarte
La delegación de la CIDH llegó el miércoles a Perú con el objetivo de observar la situación de los derechos humanos en las protestas y empezó su visita con una reunión con Boluarte en el Palacio de Gobierno. Luego de ese encuentro, Ralón declaró que la idea de la misión es «tener la escucha más amplia posible de todas las voces» de la sociedad civil, a través de una agenda «enfocada a desplazarse fuera de Lima».
«Lamentamos las pérdidas de vida que han existido en estos días en Perú, tanto de personas que se estaban manifestando como también de algún miembro de las fuerzas de seguridad», aseguró Ralón en breves declaraciones a la prensa. La comitiva de la CIDH también conversó con directivos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que pidió apoyo en la formación de una comisión independiente que investigue las muertes. La delegación dará una rueda de prensa el viernes, al término de su visita al país, para adelantar sus conclusiones.