La Corte Suprema de Brasil dejó este miércoles al borde de la cárcel al primero de los acusados por el intento de golpe del 8 de enero, que tuvo lugar ocho días después de la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. El juez instructor Alexandre De Moraes propuso una pena de 17 años para Aécio Lúcio Costa Pereira, aunque el revisor sugirió rebajar esa posible condena a solo dos años y seis meses.
De Moraes hizo una detallada exposición de lo ocurrido desde el 30 de octubre de 2022, cuando Lula derrotó en las urnas al exmandatario Jair Bolsonaro. Citó los cortes de ruta que empezaron tras los comicios en protesta por el resultado y distintos atentados revelados por las autoridades, y concluyó que todo desembocó en el 8 de enero, cuando una «turba movilizada por un odio irracional» intentó llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar al gobierno.
Apoyado en varias pruebas documentales, De Moraes dijo que «no hay dudas» sobre la «acentuada» responsabilidad de Costa Pereira en los delitos de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados y destrucción de patrimonio público. Sugirió entonces una pena de 17 años de cárcel que, según fuentes judiciales, será respaldada por la mayoría de los miembros del tribunal.
El juez revisor del caso, Kassio Nunes Marques, un conservador que llegó a la Corte en 2020 propuesto por Bolsonaro, dijo que «la violencia debe ser repudiada en forma vehemente», pero aseguró que no todos los manifestantes vandalizaron los edificios públicos. Nunes Marques sostuvo que «hubo quienes no participaron de la destrucción y testigos que dijeron haber visto a muchos orando» en el hemiciclo del Senado, donde Costa Pereira fue detenido y grabó videos que publicó en sus redes sociales animando a los brasileños a apoyar un golpe «para expulsar al comunismo» del país.
En el caso de este primer acusado, Nunes Marques dijo que «no existen pruebas» concretas sobre su «actuación vandálica» y desestimó la acusación de golpe de Estado, ya que en su opinión «no llegó a configurarse» ni hubo «adhesión» de las Fuerzas Armadas al movimiento. En ese marco propuso condenar a Costa Pereira sólo por daño calificado y deterioro del patrimonio, delitos para los que sugirió una pena de dos años y seis meses de prisión.
«Terraplanismo oscuro»
En su voto, De Moraes rechazó uno de los alegatos de la defensa de Costa Pereira, que negó que se hubiera producido un intento de golpe ya que los manifestantes no estaban armados. El abogado defensor Sebastião Coelho da Silva dijo que el proceso debía realizarse en un tribunal ordinario de primera instancia y no en la Corte Suprema, sobre la cual afirmó que es «ilegítima» para ese caso.
De Moraes atribuyó esa crítica al «terraplanismo oscuro» de quienes «se niegan a someterse a la justicia», que «no son más que unos extremistas» minoritarios entre la población, como fue «probado con las urnas» y fueron repudiados por la sociedad. También aseguró que los ultraderechistas que asaltaron las sedes de los tres poderes «creen que el 8 de enero tuvimos una día de paz, que las personas llegaron a un parque e invadieron la Presidencia, el Parlamento y el Supremo» como si fuera «un domingo normal».
El juicio contra Costa Pereira seguirá este jueves, cuando deberán votar los nueve jueces que aún no se pronunciaron. Un vez dictada la sentencia, el tribunal juzgará individualmente a otros tres acusados. Y lo mismo hará luego con cada uno de los imputados, ya que el derecho brasileño no contempla las llamadas «responsabilidades colectivas».
Bolsonaro se defiende
El expresidente Bolsonaro aseguró este miércoles que no tuvo vinculación con el intento de golpe. «Nadie podrá encontrar una acción mía fuera de los límites de la Constitución. No sería después de la segunda vuelta electoral que yo iba a hacer eso (dar un golpe). Mucho menos el 8 de enero cuando yo no era más nada, estaba fuera de Brasil», dijo Bolsonaro al diario Folha de Sao Paulo en un hospital privado paulista en el que fue operado el martes.
El líder ultraderechista, inhabilitado hasta 2030 para participar de las elecciones por haber denunciado falsamente ante potencias extranjeras que el sistema electoral podría permitir un fraude, rompió el silencio luego de que su ex edecán y ayudante en la presidencia, el teniente coronel Mauro Cid, firmó un acuerdo para convertirse en delator sobre delitos cometidos dentro del Palacio del Planalto.
Bolsonaro dijo que sería un abuso de poder del Supremo Tribunal Federal que las causas estén en manos de Alexandre de Moraes y que pueda ser detenido por las causas en las cuales se lo investiga, como el intento de golpe, el fraude en su libreta de vacunación o el robo de joyas de la presidencia para venderlas en casas de subastas para beneficio personal.