La ciudadanía peruana podrá recurrir al uso letal de la fuerza en casos de defensa propia y ante una situación de peligro inminente sin responsabilidad penal, de acuerdo con una ley aprobada este viernes por el Parlamento que quedó a la firma de la presidenta Dina Boluarte.
El proyecto -presentado por la diputada Patricia Chirinos, de Avanza País- obtuvo 78 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones. El texto tiene como objetivo modificar el Código Penal y el alcance de la responsabilidad penal en este tipo de casos. Así, el texto hace hincapié en que el uso de la fuerza -incluso cuando es letal- debe darse en caso de «peligro inminente» y con el fin de «proteger la vida propia o la integridad propia o de terceros».
Los detalles de la iniciativa
La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Janet Rivas, del partido Perú Libre, explicó que se modificará el punto número 3 del artículo 20 del Código Penal, así como el Decreto Legislativo 635 sobre Inimputabilidad. Esto implica que quedarán exentos de responsabilidad penal quienes «obren en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, con uso de la fuerza, incluido el uso de la fuerza letal». Tampoco existirá la imposición de medidas de prisión preventiva en casos de «inminente aplicación de la legítima defensa propia o de un tercero conforme a ley; salvo la presencia de antecedentes y/o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre la persona sentenciada firme condenatoria».
El nuevo texto señala que para ampararse en estos términos debe producirse una «agresión real perpetrada previa irrupción ilegítima dentro de un inmueble, medio de transporte, negocio, empresa, asociación civil, lugar de trabajo o en algún inmueble que sea de propiedad de quien repelió el ataque» en cuestión.
Rivas precisó a su vez que en estos casos quedará excluido el «criterio de la proporcionalidad del instrumento con el que se repelió el ataque» y que se tendrá en cuenta la «intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios que se dispongan para la defensa». También se tendrá en cuenta «la actitud hacia el agresor por parte de quien se defiende, la situación de peligro inminente en la que este se encuentre y la necesidad de proteger tanto su vida como la de terceras personas», indicó.
Reacciones tras la aprobación
«Gracias a todos los congresistas que apoyaron para que esta iniciativa se haga realidad. La inseguridad ciudadana, la delincuencia y el crimen organizado han aumentado incontrolablemente, poniendo en peligro la vida e integridad de todos los peruanos», expresó Chirinos en un mensaje a través de redes sociales. La legítima defensa es «un derecho que nos brinda la posibilidad de protegernos y proteger a nuestras familias», indicó, al tiempo que agradeció «que se reconozca que la vida y la seguridad son valiosas y la ley debe respaldar nuestro derecho a preservarlas».
La congresista izquierdista Ruth Luque pidió luego de la votación del proyecto que se realice una reconsideración, pero su solicitud fue desestimada. La modificación del Código Penal se hizo «sin tomar en cuenta criterios objetivos», debido a que se «restringe los principios de discrecionalidad que en sus decisiones tienen los magistrados, al establecer que no procede la prisión preventiva», manifestó la congresista en su cuenta de X, ex Twitter.
Estado de sitio
El jueves el Congreso peruano también le otorgó al Gobierno de Boluarte las facultades para legislar por decreto durante tres meses en materia de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres e infraestructura social. El dictamen de comisión fue aprobado con 80 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.
El Ejecutivó decretó esta semana el estado de emergencia en 9 distritos
del territorio, entre ellos los limeños San Martín de Porres y San Juan de
Lurigancho, para que la Policía Nacional enfrente los problemas de inseguridad ciudadana que atraviesa el país, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, afirmó que las medidas responde a «un momento de quiebre» a nivel nacional, y admitió que conllevan la «suspensión de algunos derechos constitucionales», como la inviolabilidad del domicilio. «Se va a suspender el ejercicio, de ser necesario, de ciertos derechos constitucionales para procurar que la Policía pueda intervenir en los locales y domicilios, ahí donde la Inteligencia policial detecte la presencia de organizaciones criminales o mafias. Las Fuerzas Armadas van a actuar en respaldo de la Policía Nacional», explicó.
En tanto el ministro del Interior, Vicente Romero, agregó en una conferencia de prensa que deberán salir del país los extranjeros que no regularicen su situación migratoria ante la Superintendencia de Migraciones antes del 10 de noviembre. «Seremos inflexibles», sentenció el titular de la cartera.