Desde Brasilia
«Estamos caminando hacia una dictadura, fui masacrado por el Tribunal Superior Electoral (TSE)», dijo Jair Bolsonaro a poco de conocerse la sentencia que lo condenó por abuso de poder en los comicios del año pasado, dejándolo fuera de las elecciones de 2026 y 2030. Con expresión desencajada, sin la compañía de altos dirigentes políticos ni de los militares que ocuparon cargos preponderantes en su gabinete, el exmandatario afirmó haber recibido una «puñalada por la espalda» de parte de los jueces, rechazó tener vocación de «dictador» y juró nunca haber conspirado contra las elecciones.
Al contrario de lo que opina el expresidente y líder del Partido Liberal (PL), cinco de los siete magistrados del TSE lo responsabilizaron de valerse de la estructura de Estado para contaminar la votación y así intentar sabotear los comicios ganados por Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. Uno de los jueces citó en su sentencia los libros «La máquina del odio» y «Los ingenieros del caos» sobre el aparato de desinformación y coacción, dotado de recursos millonarios de origen dudoso, del cual se valió y aún se vale la extrema derecha brasileña.
Lula
Lula no se había manifestado sobre el fallo conocido el viernes hasta la tarde de este sábado, cuando tuvo una serie de compromisos distendidos comenzando por una reunión con la ministra de deportes, Ana Moser, y la posterior visita, vistiendo una camisa sport clara, a las jugadoras de la selección femenina de fútbol en el gramado del estadio Mané Garrincha, donde se disputaron partidos de la Copa del Mundo de 2014. Para este domingo está previsto un viaje a la capital del estado de Bahia y así completar un fin de semana alejado del caso Bolsonaro. Y de sus estridencias.
Adoptando una posición sobria pero seguramente muy al corriente de la decisión de la corte electoral, Lula parece tener asfaltado el camino hacia los comicios de 2026 con su principal adversario fuera de combate. El propio Bolsonaro reconoció este viernes que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) está en condiciones de ganar «por nocaut» ese pleito y alcanzar la jefatura de Estado por cuarta vez.
Festejos en el PT
Dirigentes del PT , partido anfitrión del vigésimo sexto Foro de San Pablo que reúne en Brasilia hasta este domingo a unas ciento veinte fuerzas de izquierda latinoamericanas, celebraron la derrota judicial de Bolsonaro, el principal referente da la ultraderecha en el subcontinente. Llamando a la unidad de las fuerzas progresistas, populares y de izquierda Lula y la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, abrieron las deliberaciones del Foro.
El encuentro, cuya discusión central es como construir la integración regional en el marco de un nuevo orden multipolar, fue objeto de ataques con tufo a naftalina de la guerra fría por desde el bolsonarismo y buena parte de la prensa. Cuestionamientos que no lograron aguar la fiesta entre los lulistas.
En las redes sociales circuló un post donde se ve una pantalla de TV con un Bolsonaro iracundo observado con los brazos en alto en gesto celebratorio y risas por la diputada petista y exministra de Derechos Humanos Maria do Rosario. Ella fue víctima durante más de una década de reiteradas amenazas e insultos del capitán retirado que acabaron en la Corte Suprema.
La sentencia del TSE del viernes que tornó inelegible a Bolsonaro «tiene una enorme fuerza didáctica», planteó la jefa petista Gleisi Hoffmann. «El tribunal condenó los métodos de la extrema derecha como el uso de máquina pública para la persecución de los adversarios políticos. Es por eso que la defensa de la democracia y el combate al fascismo siguen estando en el orden del día» ,
Bolsonaro y Trump
En en el Foro de San Pablo era aguardada la presencia de aliados del senador del partido Demócrata, Bernie Sanders, responsable de una campaña en 2022 contra el riesgo de golpe en Brasil y quien recibió a Lula en Washington cuatro meses atrás. Bolsonaro y su benefactor, el expresidente republicano Donald Trump, estuvieron entre los asuntos analizados por Sanders, diputados demócratas y el presidente brasileño en la capital estadounidense.
Durante aquel viaje y otros realizados desde fines del año pasado a Estados Unidos, miembros del PT fueron informados sobre las sospechas de que un hijo del exmandatario, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien tiene vínculos con Trump y su exasesor Steve Bannon, esté envuelto indirectamente con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, considerado un precedente de la invasión al Palacio del Planalto el 8 de enero de 2023.
En 2021 Bolsonaro, entonces presidente en funciones, justificó la rebelión trumpista y, echando mano de su tosco doble discurso, pidió a Dios que algo similar a lo del Capitolio no ocurra en Brasil para evitar «el derrame de sangre entre hermanos».
Concepción
La insurrección trumpista de 2021 y el intento de golpe bolsonarista de 2023 en el que fueron asaltados los palacios de la Presidencia, el Congreso y la Corte , surgen de concepciones similares que ponen en cuestión, con argumentos premeditadamente falsos, la soberanía popular expresada a través del voto.
Trump denunció maniobras para favorecer a su adversario en los comicios de 2021, el demócrata y actual presidente Joe Biden, que habrían sido llevadas a cabo durante el transporte por el correo de cédulas de votación. Bolsonaro agitó el fantasma de un fraude mediante la manipulación de las urnas electrónicas que habría intentado impedir ordenando al ministerio de Defensa una auditoría, la cual que no pasó de una excusa para afectar la votación del 2 de octubre y el ballotage del 30 del mismo mes del año pasado.
Reunión con diplomáticos
El 18 de julio de 2022 Bolsonaro convocó a decenas de embajadores extranjeros a la residencia oficial, el Palacio de Alvorada, ante quienes cuestionó el sistema de votación electrónico. Previamente había intoxicado a la opinión pública, o parte de ésta, con la infundada denuncia sobre un complot de la justicia electoral a favor de Lula.
La reunión en Alvorada acabó siendo un fiasco. En lugar de alimentar las sospechas de la comunidad internacional sobre las elecciones, convenció a la mayoría de los diplomáticos de que se estaba tramando un golpe blanco, y así lo reportaron a sus gobiernos. Como consecuencia de este alerta varios embajadores estuvieron en el palacio del TSE el domingo 30 de octubre, día del segundo turno, para dar su respaldo al conteo de votos y, tras éste, reconocer la victoria de Lula.
En la noche de la derrota Bolsonaro, se recluyó en Alvorada y allí peraneció enclaustrado durante casi dos meses para ocuparse, presuntamente, de la organización de un movimiento sedicioso con el apoyo de militares, como su candidato a vice, general Walter Souza Braga Netto, policías y activistas.
Ni un general
Bolsonaro convocó a una conferencia de prensa el viernes pasado al mediodía en Belo Horizonte, minutos después de que el TSE, reunido en Brasilia, lo inhabilitara para candidatearse durante ocho años, quitándolo no sólo de las elecciones presidenciales sino también de las estaduales y municipales. Llamó la atención que en esa rueda de prensa estuviera ausente el presidente de su partido, Valdemar da Costa Neto del PL, quien optó por viajar a Las Vegas. Tampoco se hicieron presentes los líderes de agrupaciones conservadores integrantes de la coalición gobernante entre 2019 y 2022. A esas ausencias se sumó la de miembros de las fuerzas armadas, una corporación que fue la columna vertebral del régimen bolsonarista.
Un detalle: en el fallo del TSE cinco jueces votaron por la inhabilitación de Bolsonaro y dos lo absolvieron. En cambio los magistrados exculparon a su postulante a vice, general Braga Netto. Se especula que esta posición unánime de los jueces podría ser más política que jurídica, y expresar la intención de no cargar las tintas sobre los altos mandos militares cómplices del los posibles delitos bolsonaristas.
¿Irá preso?
Brasil se sacudió el viernes con este revés del hasta hace un año poderoso e irreductible capitán que convocaba multitudes afiebradas, incondicionales. Este fallo es el primero en el contexto de las decenas de causas que se le instruyen en la justicia electoral mientras otras están tramitándose en el Supremo Tribunal Federal.
Desde que regresó a Brasil fines de de marzo después de un autoexilio de tres meses en Estados Unidos, Bolsonaro tuvo que responder ante la Policía Federal sobre varias causas, y volverá a hacerlo en los próximos meses.
Si fuera hallado culpable de cargos como insurrección al Estado su condena debería ser la prisión. Una pena que se resolverá de forma jurídica, pero también política, si se toma en cuenta que las cortes brasileñas nunca pierden de vista la dimensión política de sus fallos. A los gritos Bolsonaro aceptó la posibilidad de acabar preso.
En tono más contenido el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, hombre de confianza de Lula, dijo el viernes «esto es solo el comienzo» y dejó en el aire el vaticinio de que el enemigo número uno del gobierno (y de la democracia) acabaría tras las rejas.