La Fiscalía General del Estado de Bolivia pidió este jueves seis meses de prisión preventiva para el gobernador de Santa Cruz y líder opositor Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo en un caso relacionado con el golpe contra el expresidente izquierdista Evo Morales en 2019.
La Fiscalía explicó que la detención de Camacho no se trata de un secuestro o una persecución política sino que responde a una orden de aprehensión que se emitió en octubre de este año por parte de un juez en La Paz. También mencionó que Camacho «tiene pleno conocimiento de dicho proceso desde su inicio», cuando la exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty presentó una denuncia por terrorismo en noviembre de 2020.
Detención Preventiva
«La medida cautelar que se ha solicitado es la detención preventiva por un periodo de seis meses, a cumplir en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro”, dijo en rueda de prensa el fiscal asignado al caso, Omar Mejillones, luego del arresto de Camacho este miércoles.
El gobernador de Santa Cruz, líder de la tercera fuerza política en el parlamento (detrás del gobernante Movimiento al Socialismo, el izquierdista MAS, y el centrista Comunidad Ciudadana), fue detenido el miércoles por la policía, que cumplió órdenes de la fiscalía. La fiscalía explicó que su detención se debe a la causa abierta contra Camacho por su participación en el caso denominado «golpe de Estado I» contra Morales (2006-2019).
El caso «golpe de Estado I» consiste en la denuncia de terrorismo por la crisis de 2019 que se produjo después de las fallidas elecciones presidenciales señaladas como fraudulentas porlaoposición y que derivaron en la renuncia de Morales, quien denunció un golpe de Estado en su contra. Pese a que Camacho fue el principal denunciado en ese caso que se inició hace dos años, este miércoles la Policía ejecutó la aprehensión y su traslado hasta la ciudad de La Paz, sede del Ejecutivo y Parlamento.
Por ese proceso, en marzo de 2021 se detuvo a la expresidenta interina Jeanine Áñez y dos de sus exministros, aunque en el caso de la exjefa de Estado de facto se le siguió otro caso, «golpe de Estado II», por el que se la condenó a diez años de prisión por situarse ilegalmente en línea de sucesión presidencial.
El gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz y líder opositor, se abstuvo de declarar en el proceso judicial. «Al no creer en la justicia boliviana y con la finalidad de que la declaración no sea distorsionada para buscar incriminar a alguien más prefiero defenderme por escrito», aseguró Camacho citado este jueves en un comunicado de la Gobernación de Santa Cruz.
La Policía Boliviana arrestó a Camacho pasado el mediodía de este miércoles, cuando la autoridad regional llegaba a su vivienda y efectuó un operativo para asegurar su traslado desde la oriental Santa Cruz a La Paz, en el occidente del país. Al final de la tarde, el gobernador cruceño llegó a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz, donde por «más de tres horas» se instaló un acto jurídico en el que Camacho «se acogió al derecho de guardar silencio en su declaración informativa».
Sin embargo, el gobernador del departamento de Santa Cruz afirmó que la Policía lo aprehendió «de manera violenta» para afrontar una denuncia que «carece de coherencia, credibilidad y verdad». «Dije siempre que donde me citen a declarar asistiría, porque no tengo nada que esconder», aseveró.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia pide calma
La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó que esta haciendo un seguimiento a la situación del gobernador Camacho. La entidad defensorial señaló en un comunicado que tomó conocimiento de la aprehensión de Camacho por orden del fiscal de materia encargado del caso «golpe de Estado I».
Agregó que, en cumplimiento de su mandato constitucional, lleva adelante las acciones de seguimiento y acompañamiento para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas aprehendidas. «Asimismo, se exhorta a la población mantener la calma y evitar actos de intolerancia que deriven en la confrontación y afecte la seguridad y convivencia pacífica de los bolivianos”, concluye el comunicado.
Pedro Francisco Callisaya Aro, quien lidera la Defensoría del Pueblo, intentó también llevar tranquilidad sobre el estado de detención de Camacho. «La Defensoría del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, procedió con la inicial valoración médico legal – psicológica forense del ciudadano Luis Fernando Camacho en el marco del protocolo de Estambul para garantizar el respeto a sus derechos”, tuiteó.
La oposición denuncia un atentado contra el Estado de derecho
La opositora Creemos, partido del gobernador de Santa Cruz, manifestó este jueves que la detención de su líder es un «atentado contra el Estado de derecho» y abre el peligro de una «dictadura» en Bolivia.
«Estamos enfrentando el gravísimo peligro de convertirnos en un Estado donde prevalezca la dictadura, el abuso y la violencia con un Gobierno que busca imponerse con el terrorismo de Estado», advirtió la agrupación política. Creemos señaló que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), el presidente del país, Luis Arce, y el Gobierno «tuvieron que valerse de acciones extrajudiciales para ejecutar una captura ilegal del gobernador”.