El presidente chileno, Gabriel Boric, alertó este martes de los «efectivos nocivos» que pueden tener las medidas de seguridad sobre los derechos humanos, y pidió legislar «con un sentido a largo plazo» en alusión a la «Ley Naín-Retamal» que otorga mayor libertad de maniobra y menor responsabilidad a la policía. Más de cien organismos de derechos humanos exigen al gobierno cambios en el proyecto que se discute en el Senado. El asesinato de una sargento de la policía durante un operativo en un pueblo de Valparaíso fue el último ejemplo del incremento de los crímenes violentos que sufre el que se consideraba uno de los paraísos de seguridad en América latina.

«Llamo a que legislemos con un alto sentido de responsabilidad, escuchando a los expertos y organizaciones que han llamado la atención sobre los efectos nocivos que podría tener la ley Naín-Retamal de seguridad», expresó Boric en una rueda de prensa desde el palacio presidencial de La Moneda. El presidente remarcó que «la justicia, la seguridad y el respeto a los derechos humanos pueden caminar de la mano», pero «se generan problemas» cuando una de ellas prevalece por encima de las demás.

No legislar en caliente

«La democracia sin seguridad no tiene sentido. Pero a su vez la seguridad sin democracia, sin reglas claras, es una pesadilla. Nuestro compromiso es con todas ellas, con la democracia, la seguridad y los derechos humanos», remarcó. El mandatario pidió al Congreso y el Senado a no responder únicamente al «corto plazo», ya que en los últimos días se aceleró la tramitación de la ley de seguridad que pretende abordar la creciente sensación de inseguridad en el país, después de que en apenas dos semanas murieran en servicio dos agentes de Carabineros.

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El Congreso chileno está ultimando una polémica norma, conocida como «Ley Naín-Retamal», que otorga a la policía mayores atribuciones para usar su arma de servicio bajo el amparo de la «legítima defensa privilegiada», un concepto que elimina la idea de proporcionalidad y que «presume» que los agentes podrán hacer uso de su arma de fuego acorde a las disposiciones legales, eximiéndoles de responsabilidad penal.

El Senado tenía previsto votar durante el martes esa norma, que un día antes salió de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta sin incorporar las enmiendas del gobierno que pretendían precisar la «legítima defensa privilegiada». La decisión de los senadores provocó la molestia de los ministros de justicia, Luis Cordero, y de Interior, Carolina Tohá, quien aseguró este martes que el Ejecutivo presentará nuevamente ante el Senado las indicaciones rechazadas, para «tratar de persuadir» nuevamente a los parlamentarios.

Las organizaciones exigen cambios

Más de 130 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de Chile rechazaron el acuerdo entre el gobierno y la oposición para, según ellas, «intentar imponer una agenda centrada en una concepción autoritaria de la seguridad» y exigieron a las autoridades un cambio de rumbo. «Las autoridades estatales han aprobado, en su primer trámite, normas que lejos de ir a las raíces profundas de la inseguridad, respaldan la vocación de impunidad de las policías e instituciones del país», criticaron las entidades firmantes en su declaración.

«Resulta inaceptable que la justificación del uso de la fuerza letal dependa del criterio del funcionario que utiliza las armas», agregaron las organizaciones, que también recordaron «las víctimas de violencia estatal» de las protestas de 2019 que, dijeron, fueron «invisibilizadas» en la discusión. «La crisis de Carabineros la generó la propia institución contando con la obsecuencia y complicidad de las autoridades civiles y de quienes se han beneficiado de una policía que, en lugar de ofrecer seguridad a la sociedad, constituye una instrumento de represión de la legítima protesta y movilización social», lamentaron las asociaciones en su comunicado.

Las organizaciones cerraron su declaración, que también firmaron 184 personas a título individual, entre ellas el alcalde comunista Daniel Jadue, quien disputó las primarias presidenciales de la izquierda con Boric, con un llamado de alerta ante el «grave retroceso» en materia de derechos humanos «de un gobierno proclamado como progresista».

Para Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional en Chile, esta ley «implicaría un enorme retroceso en materia de derechos humanos». La policía chilena enfrentó fuertes cuestionamientos en su gestión durante las protestas sociales que estallaron a partir del 18 de octubre de 2019 por una amplia serie de reclamos. Las movilizaciones se saldaron con una treintena de muertos y miles de heridos.

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Violencia en alza

La delincuencia armada, los sicariatos, las extorsiones y el tráfico de personas son la principal preocupación de los chilenos, según las últimas encuestas, y presionan al gobierno y al Congreso a tratar una batería de leyes contra el crimen. Desde las filas de la oposición de derecha defienden la mano dura. «Hemos tenido una importación de delitos que en Chile no estábamos acostumbrados. Eso acompañado de un gobierno en que nunca fue su prioridad la seguridad», declaró el diputado opositor Andrés Longton, de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.

En 2022 los homicidios crecieron un 33,4 por ciento respecto al año anterior, según datos de la subsecretaría de Prevención del Delito. Esta cifra significa la segunda mayor variación en América latina, apenas detrás de Ecuador, donde aumentaron más de 80 por ciento. Los robos con violencia e intimidación subieron un 63,1 por ciento en 2022 y los de automóviles un 39,8 por ciento en el país trasandino.