El gobierno de Brasil declaró «libre de minería ilegal» la golpeada tierra indígena yanomami luego de desplegar en los últimos meses un megaoperativo para poner fin a las actividades ilícitas en esa vasta región. El resultado en la mayor reserva indígena del país surge de los monitoreos satelitales, que detectaron el seis de mayo pasado por última vez una alerta de explotación en una nueva área.
«El territorio yanomami está libre de minería ilegal», anunció el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva en sus redes sociales. Según datos de la policía federal, las alertas de deforestación vinculadas a la minería bajaron de forma drástica desde principios de año hasta no registrarse ninguna en la primera quincena de este mes de junio. «En abril hubo 19 alertas; en mayo, 10; y ahora, hasta el 15 de junio, no se registró ninguna alerta», señaló la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
«¿Eso quiere decir que se terminó la minería? No, pero dejó de avanzar, hubo una interrupción porque se hizo un cuello de botella en la logística. Las rutas fluviales y aéreas quedaron inviables, los suministros no están llegando como antes y el flujo es difícil», dijo Thiago Leão, jefe del Departamento de Represión de Delitos Ambientales en Roraima. «Todavía hay mineros ilegales que resisten. Nuestro objetivo es detenerlos», agregó Leão.
Superando el abandono de Bolsonaro
En enero pasado, en una de sus primeras medidas luego de asumir el poder, Lula declaró el estado de emergencia sanitaria en la tierra indígena yanomami, que se encuentra entre los estados de Amazonas y Roraima, fronterizo con Venezuela, frente a los crecientes casos mortales de malaria y desnutrición. El mandatario, que asumió el poder el primero de enero, responsabilizó del abandono de los yanomamis a los cuatro años de gestión del ultraderechista Jair Bolsonaro, defensor de la minería y la explotación de madera en tierras indígenas.
El ministro de Justicia Flávio Dino presentó una denuncia para esclarecer la responsabilidad de los funcionarios del gobierno del entonces presidente de Brasil. La policía federal abrió una investigación para establecer si la crisis humanitaria del pueblo yanomami responde a una omisión del gobierno de Bolsonaro que podría ser considerada como un genocidio.
Según datos oficiales, 99 yanomamis de entre 1 y 4 años de edad murieron en 2022 como consecuencia de desnutrición, neumonías o diarreas vinculadas con el «avance de la minería ilegal en la región», que contamina ríos y destruye la selva amazónica. El gobierno de Lula movilizó entonces fuerzas policiales y personal sanitario para revertir la crisis humanitaria entre los yanomamis y expulsar a los alrededor de 20 mil mineros ilegales que se estimaba que actuaban en la zona.
La acción, que contó con el apoyo de las fuerzas armadas, permitió destruir decenas de campamentos clandestinos y la aprehensión de embarcaciones y aeronaves que servían para el desarrollo de esas actividades ilícitas. Sin embargo, muchos de esos mineros clandestinos se desplazaron a otros puntos de la Amazonia brasileña también ricos en metales y minerales valiosos para continuar con sus tareas, de acuerdo con investigaciones de las autoridades brasileñas.
Desnutrición infantil y asesinatos
Según la policía federal, la denominada «Operación Liberación» (integrada por la policía, las fuerzas armadas, y organismos gubernamentales de protección del medio ambiente), desarrolla más de 80 investigaciones sobre delitos en el área, desde lavado de dinero y minería ilegal a tráfico de personas.
Luego de la fase inicial, el operativo se enfocará ahora en capturar a los «delincuentes» que se negaron a abandonar las tierras voluntariamente, indicaron fuentes policiales. Además se ocuparán las áreas liberadas dentro de la reserva y se establecerán servicios básicos para los indígenas yanomami, una población gravemente golpeada por la desnutrición infantil.
La reserva indígena yanomami es un vasto territorio de casi 10 millones de hectáreas que alberga a unos 30.400 indígenas. Se encuentra desde hace años en una situación crítica, debido principalmente a las invasiones de los buscadores de oro. Los indígenas acusan a estos trabajadores ilegales, conocidos en Brasil como «garimpeiros», de violar y asesinar a miembros de su comunidad, mientras los privan de uno de sus principales medios de subsistencia, la pesca, al contaminar los ríos con mercurio.
El pasado 29 de mayo un indígena fue asesinado y dos resultaron baleados por garimpeiros en la región de Uxiú. Un día después, equipos de la Policía Rodoviaria Federal y del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) fueron baleados cuando llegaban a una mina para un operativo contra el crimen organizado en esa misma región.
En el operativo, cuatro buscadores de oro fueron asesinados por agentes de seguridad y en el sitio se encontró una gran cantidad de armas. El dos de junio fueron hallados ocho cuerpos más en Uxiú y la policía federal envió sus fuerzas de élite. Posteriormente fue hallado el cuerpo de una mujer con signos de violencia sexual. Para la policía federal, hay indicios de que murió ahorcada. Desde ese entonces no se dieron más registros de conflictos ni de muertes en territorio yanomami.