En un oficio, la Fiscalía solicitó investigar a André Fernandes y a la indígena militar Silvia Waiãpi, diputados del Partido Liberal (PL), la misma formación del expresidente Jair Bolsonaro, y a la también parlamentaria Clarissa Tércio, del opositor Partido Progresistas.
De acuerdo con el pedido, los tres diputados son sospechosos de «incitación a los actos de violencia y vandalismo» a través de «publicaciones en redes sociales antes y durante las invasiones», lo que puede tipificar el delito de «incitación pública al crimen».
«Grave amenaza»
Para la Fiscalía, la supuesta actuación de los congresistas fue un «intento de abolir, con violencia o grave amenaza, el Estado Democrático de Derecho impidiendo o restringiendo el ejercicio de los poderes constitucionales».
El pasado domingo, miles de seguidores extremistas de Bolsonaro irrumpieron y destruyeron las sedes del Congreso, del palacio presidencial de Planalto y de la Corte Suprema en un intento fallido de derrocar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Los bolsonaristas estaban acampados en las puertas de los cuarteles del Ejército en varias ciudades desde el 30 de octubre, cuando Lula venció en la segunda vuelta electoral, y alegan fraude en las elecciones y piden una intervención militar para un golpe de Estado.
El pedido de la Fiscalía, firmado por el procurador general de la República, Augusto Aras, se fundamenta en publicaciones de los tres parlamentarios celebrando la invasión, por las que fueron detenidas cerca de 1.500 personas entre el domingo y el lunes.
En otro acto, el Ministerio Público también pidió investigar al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, que fue separado del cargo durante noventa días, y de su entonces secretario de Seguridad Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro.
Sobre Torres, que fue cesado del cargo por el propio Rocha el mismo día de los ataques, pesa una orden de captura y el exministro, quien está de vacaciones en Estados Unidos, ya manifestó que retornará al país para entregarse a las autoridades.
Torres era el responsable por la seguridad
pública en la capital brasileña el pasado domingo, cuando se presentaron los
actos antidemocráticos.
Según la petición, los tres diputados son sospechosos de «incitar a actos de violencia y vandalismo» a través de «publicaciones en redes sociales antes y durante las invasiones», lo que podría constituir el delito de «incitación pública al delito».
Dos días antes de los actos antidemocráticos, el congresista André Fernandes publicó un video en Twitter anunciando el «primer acto contra el gobierno de Lula», que ocurriría durante el fin de semana. También publicó una foto destrozada de la puerta de la oficina del juez del Supremo Alexandre de Moraes, según recoge el medio Metropoles.
Clarissa Tércio, el día del asalto, publicó un video en Instagram en el que instigó a los bolsonaristas. «Acabamos de tomar el poder. Estamos dentro del Congreso. Toda la gente está aquí arriba. Esto pasará a la historia, la historia de mis nietos, mis bisnietos», afirmó.
Fieles creyentes
Por su parte, Silvia Waiapi, cercana al expresidente Jair Bolsonaro, animó los actos a través de publicaciones en Instagram también el día de los actos antidemocráticos: «¡La gente toma la Explanado de los Ministerios este domingo! Toma del poder por el pueblo brasileño descontento con el gobierno rojo».
La petición de la Fiscalía tiene lugar después de que bancadas parlamentarias del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en la Cámara de Diputados de Brasil han solicitaran al Tribunal Supremo que investigue los casos de los tres congresistas.
Miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron el domingo las sedes de los tres poderes en Brasilia, después de dos meses acampados frente a la sede del Ejército exigiendo un golpe de Estado.
Como consecuencia de los actos «golpistas» y «terroristas», tal y como los han definido las autoridades, el juez del Supremo Alexandre de Moraes cesó al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y al secretario de Seguridad, Anderson Torres, por «omisión» de funciones y «connivencia» con la turba.