El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) reanudaron este lunes en Ciudad de México las negociaciones para sentar las bases de un eventual cese al fuego bilateral, después de recientes tensiones entre las partes. El segundo ciclo de esta mesa de diálogo, en el marco del «acuerdo de paz total» propuesto por el presidente Gustavo Petro, se inició con un evento público encabezado por el canciller mexicano Marcelo Ebrard y los jefes de delegación del gobierno colombiano y el ELN.
«La paz como política de Estado»
«Estamos aquí con el impulso que ha dado el presidente colombiano Gustavo Petro a la paz como política de Estado», aseguró Otty Patiño, jefe de la delegación del gobierno de Colombia, en la inauguración de la mesa de diálogo en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) de Ciudad de México. Patiño remarcó que en esta ronda será fundamental «producir hechos», al subrayar que «lo que se acuerda en la mesa se implementa en los territorios».
«Nos corresponde reinterpretar al cese al fuego y no verlo solamente como una disminución de las confrontaciones armadas, sino fundamentalmente como una disminución de las hostilidades hacia la población civil y de las actividades ilegales generadoras de daño y violencia» dijo Patiño, quien expresó que es posible alcanzar una paz con transformaciones sociales que «derroten el escepticismo y la desesperanza de un conflicto armado de tan larga duración».
Por su parte Pablo Beltrán, de la delegación del ELN, detalló que en esta segunda ronda de diálogo se buscará acordar una agenda definitiva de negociaciones y se ocupará de las condiciones para «un cese del fuego bilateral, temporal y nacional». Las conversaciones continúan «con la determinación de lograr una paz integral y duradera». Sin embargo, Beltrán advirtió que la mesa «no va a producir una revolución por contrato ni va a decretar una desmovilización automática de las rebeldías».
El punto clave de las conversaciones, que se espera se extiendan por tres semanas en México, será alcanzar un acuerdo para el alto al fuego por ambas partes. Otro de los puntos que será abordado es la participación de la sociedad en la construcción de la paz, que no ha sido explorada. Aunque ambas partes quieren involucrar a las mujeres, la sociedad civil y el campesinado, hay distintas visiones sobre cómo hacerlo.
Fuentes cercanas a las conversaciones señalan que hay un prudente optimismo acerca de la evolución de este nuevo ciclo, aunque reconocen la enorme complejidad que rodea al conflicto colombiano. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, calificó el encuentro como «una fecha histórica para la reconciliación en Colombia» y mostró su orgullo de que el país sea anfitrión de este nuevo ciclo de conversaciones.
El senador oficialista colombiano Iván Cepeda, miembro de la delegación de paz, tuiteó: «En México, hoy comienzan los trabajos de las delegaciones del Gobierno Nacional y del ELN. En el centro de esta fase de diálogos estará el primer punto de la agenda: la participación de la sociedad en la construcción del proceso de paz«.
«La agenda de trabajo está claramente delineada. Vamos a terminar de discutir cuáles son los puntos que conforman la agenda de diálogo de paz con el ELN y presentaremos esa agenda ante el país y la comunidad internacional», agregó Cepeda en un video publicado en redes sociales.
La reactivación de los diálogos
En noviembre pasado y tras cuatro años de parálisis, el gobierno colombiano y el ELN reiniciaron los diálogos de paz para extinguir el conflicto con la mayor guerrilla reconocida en Colombia tras el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017.
El nuevo ciclo de negociaciones se reactivó tres meses después de la llegada de Petro al gobierno, en agosto de 2022: bajo la política de «paz total», las delegaciones se reencontraron y debatieron entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre, en Caracas. México, junto con Venezuela, Chile, Noruega y Brasil son garantes de los diálogos de paz, mientras que Suecia, Alemania, Suiza y España actúan como países acompañantes.
Las dos partes cerraron la ronda en diciembre con anuncios de liberación de rehenes y acciones humanitarias, pero sin acordar un alto al fuego. En un comunicado, el gobierno de Petro destacó el domingo el «cumplimiento de los acuerdos del primer ciclo», por ejemplo «el alivio humanitario para los presos» del ELN, o el envío de una «caravana humanitaria» en zonas como Bajo Calima y Medio San Juan.
El primer proceso de diálogo con el ELN fue iniciado en marzo de 2016 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018), pero se detuvo durante el mandato de Iván Duque (2018-2022) luego de un atentado de la guerrilla en enero de 2019.
Acercamiento con algunos obstáculos
Los buenos augurios con los que terminó la primera fase de conversaciones del año pasado en la capital venezolana sufrieron un revés cuando Petro anunció en la víspera de Año Nuevo un supuesto acuerdo de cese del fuego bilateral con la organización y el ELN lo contradijo tres días después.
Finalmente, el gobierno de Colombia suspendió el alto al fuego que había declarado y el 30 de enero, el Ejército colombiano abatió en una «operación ofensiva» a nueve presuntos miembros del ELN, el golpe más duro contra esa guerrilla desde que se instaló la mesa de diálogos de paz con el gobierno de Petro. El domingo, el integrante de la Dirección Nacional del ELN, comandante Bernardo Téllez, dijo que este fue un tema sensible que debieron sortear, pero que ya fue «superado».
El máximo comandante del ELN, conocido como «Antonio García», también polemizó días atrás cuando aseguró que «la paz no implicaba la dejación de armas», a lo que Otty Patiño le retrucó que «no ha entendido qué es la paz total», la idea del gobierno convertida en política de Estado luego de ser aprobada en el Congreso.
El debate se centró en si el gobierno reconoce a la guerrilla, tal como ésta reclama, en tanto grupo político y no solo como GAO (grupo armado organizado), ya que esto último los igualaría con sectores del narcotráfico. La demanda expresada por García fue convalidada por el gobierno, pero, en palabras de Patiño, ahora tienen el «deber de mostrarle al país que pueden hacer política sin armas».
Surgida en 1964 al calor de la Revolución Cubana, la guerrilla de formación marxista tiene unos 3.500 combatientes en una estructura federada con relativa independencia entre sus frentes, lo que dificulta un eventual acuerdo, según expertos. Se calcula que al menos un 40 por ciento de ellos están en Venezuela.