El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este domingo que decidió nombrar al exjefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso como «gestor de paz» para terminar el proceso de diálogo que considera que quedó inconcluso con los paramilitares. La decisión fue cuestionada por el expresidente Alvaro Uribe, quien sostuvo que Mancuso suele mentir y que hay «discriminación» en esa designación.
«Aún no se sabe toda la verdad»
«El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad», argumentó Petro en su cuenta de Twitter. En 2002, el entonces presidente Uribe convocó a los paramilitares a negociar. La Ley 782 de 2002, el decreto 1258 de 2003 y la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz, reglamentaron la desmovilización de esos grupos.
Según Petro, dicho proceso sigue abierto porque «las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado, recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados«. Para «terminar el proceso y lograr la completa paz», Petro informó su decisión de nombrar a Mancuso como gestor de paz.
Se trata de una figura bajo la cual Mancuso podrá actuar de facilitador o intermediar entre organizaciones criminales y el gobierno nacional con el propósito de lograr la desmovilización de personas que formen parte de estas estructuras e, incluso, el sometimiento de los grupos. Ahora se debe esperar a que el gobierno emita el decreto que lo nombre para conocer cuáles serán sus funciones específicas en el proceso de paz total que impulsa el gobierno de Petro, informó el diario colombiano El Tiempo.
Críticas de Uribe
Minutos después del aviso, Uribe aseguró que en su administración se desmovilizaron unos 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros y criticó el anuncio oficial. «Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso; que el presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación», criticó el expresidente colombiano.
Mancuso, de ascendencia italiana, dijo meses atrás ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los paramilitares respaldaron la candidatura de Uribe a la presidencia y acusó al exmandatario de quitarle la seguridad a un alcalde del norte del país que su organización asesinó. Esas declaraciones fueron desmentidas por Uribe.
Para el expresidente, Petro debería «dar el mismo status (que a Mancuso) a otros como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan», aseguró Uribe en su cuenta de Twitter. «Jorge 40», Rodrigo Tovar Pupo, es otro de los exjefes de los escuadrones ultraderechistas que al igual que Mancuso fue extraditado por Uribe a Estados Unidos acusado de delitos de narcotráfico.
Extraditado por narcotráfico
El designado por Petro ya cumplió su condena en Estados Unidos y se encuentra detenido en un centro para migrantes en ese país, donde desde hace tres años está a la espera de que las autoridades colombianas resuelvan su situación. El 22 de agosto está programada una audiencia en la que se definirá si es deportado o si continúa en Estado Unidos.
En una carta que Mancuso le envió a Petro el 30 de octubre del 2022, aseguró que al cumplir su condena no tiene «impedimento alguno para asumir las tareas que correspondan en el objetivo compartido de lograr la paz total para Colombia», informó el diario El Espectador. En la misma misiva aseguraba estar listo para entablar una conversación, no solo con el jefe de Estado, sino también con el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, «para materializar esta voluntad compartida de entregarle a las nuevas generaciones una Colombia pacificada y más humana«.
En mayo Mancuso declaró ante la JEP en una audiencia con la que intenta que le acojan ante esta justicia especial que contempla penas no privativas de libertad a cambio de aportación de verdad. Ahí, durante los cuatro días de audiencias, dio datos que no se conocían como la existencia de desaparecidos en Venezuela, donde llevaban los cuerpos de los asesinados para que no los encontraran.
También admitió que Petro y otros líderes de izquierda «fueron parte de los objetivos militares» de las ya extintas AUC. El actual canciller Álvaro Leyva y los actuales senadores del oficialista Pacto Histórico, Alirio Uribe y Piedad Córdoba, también figuraban entre los blancos de la supuesta operación de los paramilitares en colaboración con el Ejército, la policía y los servicios de inteligencia colombianos.
Las AUC, el grupo que más homicidios cometió durante el conflicto armado según la Comisión de la Verdad, se desmovilizaron en 2006 luego de un proceso de negociación con el gobierno de Uribe. Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de un máximo de ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes. Hubo muchos otros paramilitares que volvieron a las armas formando nuevos grupos como el Clan del Golfo.
Petro pedirá la colaboración de Mancuso para ir a la zona de Venezuela donde supuestamente las AUC desaparecieron personas, pero el presidente considera que también podría ayudar con el proceso de negociación con el Clan del Golfo, a pesar de que este grupo paramilitar niega que Mancuso tenga ningún poder de mando.