La Fiscalía española pidió a un juzgado que investigue las torturas de la policía franquista a un sindicalista en una comisaría de Barcelona, invocando por primera vez la nueva Ley de Memoria Democrática. Esta decisión abre la puerta a indagar crímenes de la dictadura (1939-1975) que la Ley de Amnistía impedía perseguir. En su informe presentado ante un juzgado de Barcelona, el Ministerio Público apoyó la admisión a trámite de la querella presentada por el sindicalista Carlos Vallejo contra seis policías franquistas.
La Fiscalía recordó que la nueva ley «impone al Estado el deber de investigar las violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ocurridas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista». Además considera que es necesario investigar los hechos y «su contexto» antes de adoptar una decisión sobre la continuidad del procedimiento, mientras insiste en que su obligación no es solo garantizar el derecho a la justicia sino a la «verdad y reparación de las víctimas».
Hasta hace poco tiempo la justicia española había rechazado todas las denuncias de víctimas de la dictadura escudándose en una Ley de Amnistía de 1977 que perdonó «todos los actos de intencionalidad política» anteriores a esa fecha, y también en la prescripción de delitos. El juez Baltasar Garzón llegó a ser procesado, y finalmente absuelto, por intentar abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo amnistiados por la ley.
En caso de ser admitida a trámite, esta querella seguiría los pasos de la formulada por Julio Pacheco Yepes, quien el viernes pasado se convirtió en la primera víctima de torturas de la dictadura en declarar ante un juez desde la muerte de Franco en 1975. La querella de este exintegrante de una organización estudiantil antifranquista fue admitida a trámite en mayo por una jueza de instrucción de Madrid al constatar «la posible existencia» de «crímenes de lesa humanidad y torturas», según el auto en el que no citaba, sin embargo, la nueva ley.
La aprobación en octubre de la Ley de Memoria Democrática significó un espaldarazo importante para las víctimas del franquismo, ya que entre las medidas que incluye para tratar de resarcirlas incluye la creación de una fiscalía dedicada a investigar las denuncias que quedaron sin juzgar. «Es imprescindible que estas querellas sienten precedentes, que sean las primeras de muchas», destacó la ONG Amnistía Internacional.