Página/12 desde España
Desde Sevilla
A poco más de un mes de las elecciones generales del 23 de julio, la izquierda española no consigue salir de una guerra interna que vaticina un desastre electoral. Después de varios meses negociando una alianza para concurrir a los comicios, la coalición Sumar, que aglutina a 15 organizaciones incluidas Podemos e Izquierda Unida, presentó sus listas el pasado viernes, apenas un par de horas antes del vencimiento del plazo. El contexto fue un profundo conflicto interno retransmitido en directo por las redes sociales, donde vuelan insultos y acusaciones.
Lo que se juega esta alianza, es nada menos que continuar con su actual gobierno encabezado por Pedro Sánchez con el apoyo de los partidos a la izquierda del PSOE, o girar hacia un nuevo Ejecutivo del Partido Popular con la probable participación de la extrema derecha.
La sucesión de Pablo Iglesias
En mayo de 2021 el líder de Podemos, Pablo Iglesias, anunció que abandonaba la política tras el fracaso de su candidatura a las elecciones autonómicas en la región de Madrid y diseñó una sucesión bicéfala. Por un lado, nombró a Yolanda Díaz para suplantarlo como vicepresidenta del Gobierno y futura candidata a las elecciones; por el otro, eligió al frente de Podemos a Ione Belarra e Irene Montero, esta última compañera sentimental de Iglesias y madre de sus tres hijos.
Sin embargo, el fundador de Podemos no terminó de marcharse completamente y sus esfuerzos por controlar a la distancia a Díaz, fracasaron estrepitosamente. Desde entonces, la parte institucional –encabezada por Díaz– y la partidaria –con Belarra y Montero nominalmente al frente– han constituido una pareja muy mal avenida a la que sólo el instinto de supervivencia la separa del divorcio.
Díaz, que no es miembro de Podemos aunque participó como independiente en sus listas, anunció entonces que trabajaría en un proyecto para volver a aglutinar a toda la izquierda, atomizada en incontables siglas. Algunas de estas organizaciones como Más País, de Iñigo Errejón y el canario Proyecto Drago, son escisiones del proyecto original de Podemos, por discrepancias con la línea estratégica de Iglesias, a quien acusan de abandonar las propuestas transversales que durante la década pasada lo convirtieron en un fenómeno político inédito en España, al devenir en la representación política del movimiento de los indignados.
Izquierda Unida y Sumar
El vuelo autónomo que comenzó a tomar Sumar –el proyecto de Díaz– no tardó en levantar resquemores en Podemos. La vicepresidenta, que abandonó hace tiempo Izquierda Unida para acercarse a Iglesias –aunque manteniendo su afiliación al Partido Comunista– se apoyó sobre todo en esa histórica formación para comenzar a tejer una red de alianzas que permitiera recuperar electoralmente a un espacio que no deja de retroceder desde que en 2018 alcanzó su cumbre electoral, con más de cinco millones de votos y un apoyo popular del 20 por ciento.
En las últimas elecciones municipales y autonómicas, en aquellas circunscripciones en las que acudió en solitario, Podemos quedó reducido a la irrelevancia, mientras que otras fuerzas de izquierda lograron resistir ante el aluvión de votos de la derecha que anticipa un cambio de ciclo político en España. Es el caso de Más Madrid y los valencianos de Compromís, ambos ya integrados en Sumar.
La pugna por las alianzas
Hubo dos cuestiones centrales que retrasaron la presentación del proyecto encabezado por Yolanda Díaz. El primero fue que Podemos se negaba a abdicar de sus siglas. Sus dirigentes pretendían que la boleta electoral se presentara como una alianza entre Sumar y Podemos, mientras que el resto reclamaba que los de Iglesias se integraran en Sumar en igualdad de condiciones con las otras fuerzas.
Finalmente y ante la opción de quedar fuera y tener que acudir a las elecciones en solitario, Podemos cedió. En la boleta sólo aparecerán Sumar y la cara de Díaz. Sin embargo, paralelamente crecía otro punto de discrepancia: la conformación de las listas.
La mayoría de los socios de Sumar –algunos de ellos con cuentas pendientes desde la época en la que pertenecían a Podemos– consideran que algunos dirigentes de esta formación restan más que suman con su presencia en las listas. El principal foco de tensión se ha fijado en la ministra de Igualdad, Irene Montero, desde cuyo departamento se promovieron las dos leyes más polémicas de la legislatura: la ley ‘Trans’, que partió en dos al poderoso movimiento feminista español, y la ley del ‘Sólo sí es sí’, que unificó en una sola figura a todos los delitos sexuales y cuya aplicación supuso la reducción de la pena de unos mil agresores y la excarcelación de más de un centenar.
La derecha se frota las manos
Días atrás, el coordinador general de Izquierda Unida, dirigente del Partido Comunista y ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunció que renunciaba a integrar las listas. Aunque desmintió que su salida debiera leerse en esa clave, en Podemos entendieron que se trataba de una invitación a que Montero, con su perfil político agotado, también se bajara de la lucha por aspirar a un escaño.
Tras inscribir la coalición horas antes de que venciera el plazo, el tope para la presentación de las listas acaba el 19 de junio. Mientras que Yolanda Díaz y el resto de las formaciones argumentan que la exclusión de la ministra de Igualdad es ya un tema zanjado, Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, han entrado en una dinámica que amenaza con dinamitar por dentro la coalición, con acusaciones de deslealtad contra Díaz, a la que imputan haber entregado la cabeza de su compañera ante los ataques de la derecha mediática.
En las redes sociales, los militantes de Podemos lanzan acusaciones con tanta virulencia, que pareciera una quimera pensar que la izquierda pueda recuperar su caudal electoral. En el PSOE saben que sería imposible mantenerse al frente del Gobierno sin un buen resultado electoral de los grupos a su izquierda. Por eso asisten con preocupación al espectáculo de sus aliados. Las derechas, la conservadora y la extrema, se frotan las manos.