A ocho años del inicio del bloqueo estadounidense, el viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, dijo que el vínculo con Washington cambió poco y nada. Desde el decreto firmado por Barack Obama el 8 de marzo de 2015, que considera a Venezuela «una amenaza inusual y extraordinaria» para EE.UU. ya son más de 900 las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. El año pasado el presidente Joe Biden emitió una licencia de seis meses a Chevron que le permite a la empresa estadounidense exportar petróleo venezolano, pero para Castillo eso es apenas «una rendija en el muro».
En diálogo con Página/12, Castillo aseguró que Washington no está cumpliendo con lo acordado en el diálogo instalado en México entre el gobierno y la oposición. Presente en Buenos Aires para participar del III Foro Mundial de Derechos Humanos, definió al expresidente autoproclamado Juan Guaidó como «un personaje oscuro de la política» y se defendió del informe más reciente de la ONU que habla de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela: «Nosotros somos parte de Naciones Unidas y aceptamos sus informes críticos. No negamos que pueda haber desviaciones de conducta, pero no es una política del Estado venezolano«.
–Se cumplieron ocho años de bloqueo estadounidense. ¿Cambió algo?
–En términos reales la situación sigue siendo la misma. Hay 929 sanciones directas o indirectas que involucran a funcionarios públicos, empresas, organismos públicos, activos como buques o aeronaves. ¿Qué es lo que varió? En diciembre, producto del conflicto militar en Ucrania, EE.UU. vio su reserva petrolera reducida a niveles históricos, por lo que decidió abrir una línea de contactos con Venezuela. Ahí se abre la posibilidad de conceder una licencia de Chevron, lo que permite a esa empresa producir entre 150 y 200 mil barriles diarios en Venezuela y venderlos solo a EE.UU. Luego Estados Unidos emitió licencias a Repsol y a Eni. Eso es lo que nosotros llamamos una rendija en el muro. La pelota está en manos de EE.UU. pero no termina de asumir una posición transparente.
–Más allá de los números de la macroeconomía, ¿cómo impactan las sanciones en la diaria de cada venezolano?
–Le afectan de manera directa porque al reducirse los ingresos del Estado por un 99 por ciento en siete años, ese presupuesto deja de invertirse en educación y salud públicas, se deterioran los servicios eléctrico y de agua. Todo lo que fue el diseño de Chávez, de un Estado social con grandes transferencias de recursos directos a los sectores medios y pobres del país, en este momento no está. Hemos tenido problemas para la producción de combustibles, porque aunque tenemos petróleo, necesitamos los diluyentes que vienen del extranjero. El ciudadano dice que está sancionado Maduro, pero cuando sancionan a PDVSA el efecto es sobre toda la población de Venezuela.
–Más allá del bloqueo, ¿no cree que también el gobierno comete errores?
–Todos los países cometen errores en su gestión económica y política. Venezuela es un país rentista, se genera una gran ambición sobre el recurso público y eso lleva a casos de corrupción. El viernes pasado se inició un operativo de largo aliento contra la corrupción en Venezuela. Esta operación ha terminado con la captura de 19 funcionarios y la renuncia del ministro de petróleo (Tareck El Aissami). Uno de los problemas estructurales que ha tenido Venezuela en estos 20 años de Revolución es que no aceleramos la transformación de la matriz productiva. Es un problema ser tan dependiente del petróleo porque eso es lo que facilitó el bloqueo. Al no tener una economía diversificada atacaron el corazón de los ingresos públicos que es el petróleo.
–¿Cómo sigue el diálogo entre el gobierno y la oposición en México?
–En este momento hay una pausa. Cerramos el año en buenos términos, la oposición nos dijo que Estados Unidos había autorizado un acuerdo. Estamos esperanzados, porque si la oposición que funge como representante de EE.UU. en esos diálogos nos dice que sus jefes en Washington autorizaron la liberación del diez por ciento de los recursos que están retenidos, se trata de 3.000 millones de dólares que hoy en Venezuela pueden invertirse en recuperar hospitales o medicamentos gratuitos. En el sector de educación había más de 2.000 escuelas planificadas para recuperar, que están muy deterioradas. Se firmó ese acuerdo y no se ha avanzado, entonces Venezuela está exigiendo a EE.UU. y a la oposición que cumpla la palabra firmada ante el gobierno de México, ante la comunidad internacional y ante Naciones Unidas.
–El expresidente autoproclamado Juan Guaidó, ¿es un cadáver político o sigue teniendo capacidad de daño?
–Guaidó es un personaje oscuro de la política venezolana, nunca fue un líder de la oposición visible. Hay que recordar que fue electo diputado y termina en esa situación por una suerte de azar histórico, porque la oposición había decidido rotar la presidencia de la Asamblea Nacional y le correspondía a su partido asumirla. Cuando EE.UU. quiere instalar en Venezuela un gobierno paralelo para justificar el robo del circo, para poder justificar que estaba controlando todos los activos de Venezuela, necesitaba una figura. Y bueno, Guaidó apareció allí y se ofreció para ese plan. Hoy Guaidó dice que quiere participar en unas primarias que están realizando los sectores de oposición y tienen todo el derecho a hacer sus elecciones, pero él está inhabilitado políticamente. Es una hipocresía que diga que va a recorrer el país después de que no ha rendido cuentas de los miles de millones de dólares que EE.UU. dijo que le entregó para atender a los migrantes venezolanos.
–El año que viene habrá elecciones presidenciales en Venezuela. ¿El gobierno llega desgastado después de tantos años en el poder?
–Todo gobierno siempre está en la mira de la crítica y es normal. La gente espera respuestas. Esas respuestas las dio Chávez durante doce años, ahora se vieron truncadas por este conflicto político y esta agresión económica. Buena parte de estos años no hemos podido gobernar porque nos han robado los recursos, nos han hecho golpes de Estado, nos han hecho intentos de invasión, han intentado matar al presidente. No es fácil manejarse en esa situación. Así que nosotros como coalición de fuerzas populares y progresistas del país no nos confiamos, pero no le tenemos miedo a las elecciones. Vamos a convencer a nuestro pueblo de que el proyecto de la Revolución Bolivariana es un proyecto vivo.
–En septiembre del año pasado una misión de Naciones Unidas señaló que en Venezuela existía «una maquinaria para reprimir a la disidencia». ¿Cómo recibió esa acusación?
–Nosotros somos parte de Naciones Unidas y aceptamos sus informes críticos. Echamos de menos que la visión de algunos funcionarios de Naciones Unidas ha sido sesgada por este proceso y actúan en Venezuela, a veces, como parte de un sector opositor y no como un sector multilateral. Este último informe habla de presos políticos, pero nosotros hemos demostrado cuál es la situación de las personas que están privadas de libertad por motivos de delitos en el ejercicio de la política, que es distinto a ser preso político. En Venezuela no hay presos por sus opiniones. Por supuesto que puede haber excesos en el cumplimiento de las labores de seguridad. Hay en Venezuela más de mil funcionarios judicializados por violaciones, actos indebidos o aplicaciones de tortura. ¿Qué aparece en las noticias de todo el mundo? El informe de Naciones Unidas. Ese informe, por cierto, donde la mayoría de las fuentes son de medios y redes sociales. No negamos que ha habido hechos, no negamos que pueda haber desviaciones de conducta, pero no es una política del Estado venezolano, son responsabilidades individuales y son juzgadas en términos individuales.