Desde Lima
El maestro rural y sindicalista Pedro Castillo ha tenido una presidencia convulsionada. Desde un inicio enfrentó los intentos de la derecha parlamentaria, bloque en el cual ha predominado la ultraderecha, para destituirlo. Pero también se debilitó por el abandono de las propuestas de cambio que despertaron muchas esperanzas, las serias falencias de su gestión, reiteradas muestras de inoperancia, cuestionados nombramientos y escándalos de corrupción. Fueron cuatro intentos para sacarlo de la presidencia antes que Castillo decidiera dar un golpe contra el Congreso, intentando cerrarlo en una decisión inconstitucional que fracasó.
Castillo ganó sorpresivamente las elecciones de 2021. En unas elecciones atomizadas pasó a la segunda vuelta con 19 por ciento de los votos y en el balotaje derrotó ajustadamente a Keiko Fujimori. Hasta ese momento era un personaje ajeno a la clase política, que se había hecho conocido por encabezar una larga huelga magisterial en 2017. De origen campesino y andino, la mayoría de los sectores históricamente excluidos se identificaron con él, lo veían como uno de los suyos llegando por primera vez a la presidencia. Ganó las elecciones con un discurso de cambio del modelo económico neoliberal y reivindicación de esos sectores marginados. Y con la promesa de convocar una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución neoliberal heredada de la dictadura fujimorista. Esas promesas no se cumplieron. Castillo mantuvo el discurso de cambio, pero no aplicó medidas de gobierno para llevarlas a la práctica. Y la Asamblea Constituyente no pudo despegar por la oposición del Congreso controlado por la derecha.
Acoso de la derecha
La derecha intentó desconocer el legítimo triunfo electoral de Castillo aduciendo un inexistente fraude electoral. Ese primer intento golpista de impedir que asuma la presidencia fracasó. Pero los ataques no cedieron. Desde el primer día de su gobierno, esa extrema derecha maniobró para destituirlo. Castillo asumió con minoría en un Congreso controlado por diversos grupos de derecha. Ganó las elecciones como candidato del partido Perú Libre (PL), que se define como marxista-leninista, aunque Castillo siempre negó ser comunista. Su gobierno se inició como un frente progresista, al que se sumaron otros sectores de izquierda ajenos a PL. Pero las divisiones internas estallaron rápido y en seis meses se rompió ese frente. Luego fue separado de PL. Se rodeó de un entorno que lo aisló políticamente y lo complicó seriamente con sucesivos escándalos de corrupción.
Cuando apenas había cumplido cuatro meses de gobierno, la ultraderecha presentó un primer pedido para destituirlo alegando “incapacidad moral permanente” del presidente por denuncias de corrupción que estaban en investigación. Esta ambigua figura se presta para la arbitrariedad si se tienen los votos necesarios. Las denuncias contra Castillo estaban basadas en testimonios no corroborados. Con 46 votos, ese primer intento de destitución quedó lejos de los 87 necesarios, dos tercios del Congreso unicameral, para ser aprobado. En marzo la derecha volvió a intentar sacar al presidente por la misma causa y los mismos argumentos. Volvió a fracasar al lograr solo 55 votos.
En octubre la fiscalía presentó al Congreso una denuncia contra Castillo acusándolo de encabezar una organización criminal para direccionar licitaciones públicas. La acusación se sustenta en testimonios de exfuncionarios de su gobierno y empresarios que sindican a Castillo de cobrar sobornos. Los acusadores de Castillo están siendo procesados por corrupción y han canjeado sus testimonios acusatorios contra el presidente por beneficios judiciales. Esta denuncia fiscal dio lugar a que en el Congreso se le abra un juicio político, otro camino para destituirlo, a pesar que la Constitución no permite acusar a un presidente en ejercicio por los delitos que la fiscalía le imputa a Castillo, solo puede ser procesado por traición, cerrar inconstitucionalmente el Congreso o impedir las elecciones. En base a esta denuncia fiscal, la oposición parlamentaria armó un tercer proceso de destitución del mandatario por “incapacidad moral permanente”, que se debía ver este miércoles, pero antes Castillo cerró el Congreso. Había una gran incertidumbre si se alcanzarían los 87 votos para destituirlo.
Acusación absurda
Antes de este tercer pedido de destitución, la oposición parlamentaria le abrió a Castillo otro juicio político, en este caso por traición a la patria. Una acusación absurda, sin fundamento, basada en una declaración periodística del mandatario en la que expresó su simpatía con la demanda de Bolivia de una salida al mar y habló de la posibilidad de un referéndum para consultar a los peruanos si respaldan esa demanda, lo que nunca se llevó a la práctica. A pesar de lo insólito de esta acusación, una comisión parlamentaria la aprobó en primera instancia, pero el Tribunal Constitucional anuló ese proceso señalando que no tenía sustento.
Otra maniobra en el Congreso para sacar a Castillo fue aprobar hace unos días una norma que permite “suspender” al presidente por incapacidad temporal con 66 votos en lugar de los 87 necesarios para la destitución. La Constitución permite una suspensión temporal del presidente, pero referido a problemas de salud u otros que le impidan ejercer temporalmente la presidencia. La derecha pretendía aplicarla alegando las denuncias de corrupción contra Castillo. Era el Plan B de la derecha si no lograban los 87 votos para la destitución por “incapacidad moral permanente”.
En ese contexto de acoso de la derecha, y de serios problemas y debilidades de su gobierno, y denuncias de corrupción en su contra, Castillo apostó por contraatacar anunciando el cierre del Congreso -con lo que cayó en el golpismo que le criticaba a la derecha- pero se quedó solo y ha terminado detenido.