Reino Unido: el sistema de salud pública ya no es la joya de la corona tras años de ajuste

Desde Londres

El Reino Unido empezó el año igual que lo terminó: con frío, nubes y una escalada de huelgas en todo el sector público. Salud, educación, transporte público, servicios fronterizos, correos se encuentran entre los sectores que lanzaron planes de lucha para obtener aumentos de dos dígitos que le ganen o empaten a la inflación anual. El caso más emblemático y alarmante es la otrora joya de la corona y modelo de salud pública a nivel mundial, el Servicio Nacional de Salud (NHS).

El NHS tiene hoy más de 130 mil vacantes laborales. Solo en 2022 unos 20 mil trabajadores dejaron el servicio por jubilación o buscando otros horizontes. El sistema, que cubre a toda la población británica (el sector privado es mínimo y no existen las obras sociales), sobrevive como un barco de náufragos: al menos uno de cada 10 puestos de enfermería y uno de cada 17 médicos siguen sin cubrir.

No sucedió de la noche a la mañana. Los 12 años de austeridad conservadora, con virtual congelamiento salarial, fueron erosionando la moral de los trabajadores: la pandemia y la espiral inflacionaria del 2022 fueron las gotas que rebalsaron la copa. En diciembre el servicio de enfermería se plegó a los planes de lucha que había en otros segmentos del sector público y lanzó su primera huelga en la historia. Unos días más tarde fueron los servicios de ambulancia.

Echando leña al fuego

La respuesta del gobierno empeoró las cosas. Al 19% de incremento salarial que pedía el servicio de enfermería, respondió en noviembre con un 4% refugiándose en que no podía pagar más. Con semanas de crisis sobre sus espaldas, el primer ministro Rishi Sunak se vio forzado a dar un mensaje público el miércoles pasado comprometiéndose a solucionar los graves problemas del NHS, aunque sin ofrecer pistas sobre cómo lo lograría. “Queremos tener conversaciones abiertas y honestas (…con los sindicatos…) que se basen en lo que es razonable y responsable”, dijo Sunak.

Al día siguiente vino el balde de agua fría. El gobierno presentó un proyecto de reforma laboral con propuestas más duras para el ya restringido derecho a la huelga en el Reino Unido.

El pasaje parlamentario del proyecto de ley (cámara de los comunes, de los lores, vuelta a los comunes si hay enmiendas) promete meses de ida y vuelta y encendido debate púbico. Los sindicatos señalaron que, en caso de aprobarse, irían a la justicia para denunciar que el proyecto infringe el derecho a la huelga.

El viernes pasado, Mick Lynch, secretario general del RMT, uno de los sindicatos al frente del plan de lucha, declaró a la BBC que el proyecto mostraba la debilidad del gobierno. “Han perdido la discusión sobre los temas de fondo: la austeridad, los salarios y el estado de nuestros servicios públicos. Lo único que ofrecen es este intento de silenciarnos”, dijo Lynch.

Impacto sanitario

El impacto sanitario de la crisis se empieza a contar en vidas. Según declaró el presidente del Royal College of Emergency Medicine, Adrian Boyle, unas 500 personas por semana están muriendo debido a las demoras en la atención de urgencias. “Se nos vienen las peores semanas. No podemos seguir así. Es peligroso. Es indigno”, dijo Boyle.

La crisis abarca a todos los estamentos que conforman el NHS. La atención primaria con médico de cabecera, la hospitalaria, la especializada (cáncer, corazón, etc.), el servicio de emergencia, incluyendo las ambulancias, están desbordados hace rato. Hoy no dan abasto.

La lista de espera para operaciones y exámenes de urgencia supera los 7 millones. Los números, que se dispararon a partir de la pandemia en 2020, se duplicarán para fines del año próximo si no hay un cambio, según la Oficina Auditora de la Nación. En algunas enfermedades como el cáncer, demoras en la detección temprana definen la fina línea que separa a la vida de la muerte. El mismo cuadro se ve en emergencias. El NHS England reconoció que el mes pasado unos 40 mil pacientes tuvieron que esperar más de 12 horas para que los atendieran en el servicio de urgencias hospitalario.

Un caso entre muchos

El 28 de diciembre un amigo de este corresponsal al que llamaré “Dany” tuvo una inflamación abdominal aguda (resultó ser apendicitis) y esperó 12 horas en un hospital de Birmingham para que lo vieran: la cola era tan larga que muchos aguardaban en la helada intemperie. Una vez que lo revisaron fue internado de urgencia, pero tuvo que esperar hasta el filo del año nuevo para una operación. “No podían operar porque les faltaba personal. La dedicación de los que estaban era conmovedora, pero no bastaba. Una enfermera nos contó que les cuesta sobrevivir con lo que ganan, que cobrarían más reponiendo mercaderías en un supermercado”, comentó a este diario la esposa de “Dany”.

Las redes sociales desbordan con ejemplos similares. Mi amigo tuvo suerte: el apendicitis no derivó en una potencialmente letal peritonitis. Pero la suerte es individualista y caprichosa. Según la Oficina Nacional de Estadísticas entre marzo y diciembre de 2022 el exceso de muertes superó en casi un 10% al promedio de los últimos cinco años.

Desde ya que las causas de este salto estadístico son múltiples y se encuentran exacerbadas por la covid y la crisis en el costo de la vida, pero en el Royal College of Emergency Medicine, atribuyen una cuarta parte de las 900 muertes en exceso contabilizadas en noviembre a problemas con el servicio de emergencias.

La pelea por la opinión pública

Una manera de detener esta hemorragia es resolver la disputa salarial y volver a atraer a trabajadores de la salud que han abandonado el NHS. No sería una varita mágica, pero comenzaría el saneamiento del malherido Servicio de Salud.

En vez el gobierno de Rishi Sunak se lanzó a una sorda batalla por la opinión pública. El gobierno procura mostrarse “razonable” y “compasivo” ante el sufrimiento de los pacientes frente a la “insensibilidad” e “intransigencia” de los trabajadores.

Según el gobierno el costo de aumentar los salarios del conjunto del sector público (unos 5.700.000 trabajadores) en línea con la inflación equivale a más de unos 30 mil millones de dólares en momentos en que la deuda pública supera el 100% del PBI.

Los sindicatos y la máxima autoridad independiente en términos de finanzas públicas, el Institute for Fiscal Studies (IFS), cuestionaron esta cifra. El IFS calcula que no pasa de la mitad. Los sindicatos señalan que el déficit no se debe al gasto público sino a los problemas de recaudación que traen las exenciones impositivas y la evasión fiscal de los más ricos y las grandes empresas.

Mientras tanto el NHS sigue manteniendo su popularidad como joya de la corona y baluarte frente a los peligros de un sistema privatizado como el estadounidense. Entre los mismos conservadores – diputados y votantes – se están alzando voces para que el gobierno flexibilice su posición. En una encuesta publicada esta semana un 73% de los Tories opinaron que el manejo del NHS durante los últimos 12 años de gobierno había sido un fracaso.

Un estado fallido

A principios de 2021 el exprimer ministro laborista Gordon Brown advirtió que los británicos podían convertirse en un caso de estado “fallido” (failed state) en medio de los crecientes reclamos de independencia de Escocia y Gales que, con Inglaterra e Irlanda del Norte, conforman el Reino Unido.

El elástico término “estado fallido” se usó políticamente en las últimas 3 década para países en desarrollo o pobres (se lo aplicaron a Argentina en 2001). Sorprende su aplicación a un país del G7, con una tradición institucional de dos milenios, con todos los fastos de su arquitectura, ciencia y arte, con Newton y Shakespeare entre sus joyas. En un ensayo publicado en diciembre en Eudaimonics, Unair Haque, calificó la situación social actual de “Dickensiana”, parecida a las épocas en que Karl Marx escribía “El Capital”.

“Lo que estamos presenciando es cómo un país rico, avanzado y moderno se convierte en un estado fallido. Cuando el Servicio Nacional de Salud está desintegrándose, cuando faltan antibióticos y penicilina en las farmacias, cuando el servicio de ambulancias está en bancarrota, cuando cada vez más gente vive en la pobreza energética y se mete en la cama para pasar el día sin encender la calefacción, nos encontramos ante un estado que está dejando de cumplir sus funciones básicas”, escribe Haque.

Como decíamos no sucedió de la noche a la mañana. Cuando los conservadores asumieron en 2010 en medio de la crisis global por el estallido financiero internacional ocurrido dos años antes había problemas, pero el estado estaba presente. Los implacables programas de austeridad aplicados desde entonces fueron desmantelando un estado que, frágil y desfinanciado, no está pudiendo resistir los embates del Covid, la guerra, la crisis económica y el aumento del costo de la vida.