La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori, su exesposo Mark Vito Villanella y otros seis colaboradores de su partido de derecha Fuerza Popular no podrán salir del país durante 36 meses, según una orden del juez que los investiga por presunto lavado de activos. La medida del juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de la Corte Nacional, antecede al inicio del juicio oral contra la líder opositora que será anunciado en los próximos días y en el cual Fujimori enfrenta una petición de la fiscalía de 30 años de cárcel como supuesta cabecilla de una organización criminal.
La hija del dictador Alberto Fujimori (1990-2000), que ya estuvo en prisión preventiva en dos ocasiones, está acusada de lavado de activos, un delito en torno al caso «Cócteles» por los presuntos aportes ilícitos en sus campañas electorales de 2011 y 2016. El juez ordenó una serie de reglas de conducta a Fujimori y a otros investigados, como la prohibición de no cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial y no comunicarse con el resto de imputados, testigos o peritos.
Además tienen que comparecer cada 30 días en el registro de control biométrico para registrar su huella e informar al juzgado de sus actividades, presentarse a las citaciones de la Fiscalía y al juzgado cada vez que sean citados para alguna diligencia. Por último, impuso una caución económica al exmarido de Fujimori, Mark Villanella, de 10 mil soles (2.700 dólares).
El caso Cócteles, que recibe el nombre de los eventos que Fuerza Popular organizó para recaudar fondos para las campañas presidenciales de Fujimori, cuenta con 41 presuntos implicados. Está relacionado con el lavado de activos alrededor de la empresa constructora Odebrecht y ha sido investigado por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público de Perú.
Después de dos años de investigación, la Fiscalía hizo este pedido de prisión en 2021 a raíz de la acusación formulada por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Esta acusación también incluye a Fuerza Popular y a la empresa MVV Bienes Raíces SAC como imputados para que, en caso de lograr una sentencia condenatoria, se pida su disolución y liquidación.
Entre los imputados figuran Jaime Yoshiyama y José Chlimper, quienes fueran ministros durante la dictadura de de Fujimori, padre de Keiko, en la década del 90. A pesar de las sospechas que pesan sobre Fujimori y sus colaboradores, el juez Zúñiga terminó denegando la demanda del Ministerio Público de imponer una vigilancia judicial al partido Fuerza Popular por los próximos tres años.