Con críticas a los obstáculos plantados por el Ejército y la falta de colaboración del Estado mexicano, un panel de expertos independientes que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 presentó un último y duro informe esta semana. El Grupo Interdisciplinario de Investigadores Expertos (GIEI) formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que las Fuerzas Armadas ocultaron información y estuvieron presentes en los puntos donde desaparecieron los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
«Para el GIEI es determinante que se aborde esta cuestión y que la mentira no se institucionalice como forma de respuesta frente a preguntas o realidades que se consideran incómodas», advirtieron los investigadores Carlos Beristáin y Ángela Buitrago en la presentación del sexto y último informe en Ciudad de México.
Para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las críticas a las Fuerzas Armadas son exageradas. En los casi cinco años que lleva de gobierno, López Obrador buscó imprimirle otra imagen al Ejército, mucho más cerca de las necesidades del pueblo, y en lo particular entiende que está ayudando a esclarecer el caso.
Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 luego de que se dirigieran al municipio de Iguala en el estado sureño de Guerrero, para subirse a colectivos. Pretendían viajar a la capital mexicana para participar de una manifestación en memoria de otra masacre estudiantil, la de Tlatelolco (el dos de octubre de 1968). Hasta el momento solo fueron localizados e identificados los restos de tres de las víctimas.
La participación del Ejército y la Marina
El GIEI fue creado en 2015 luego de que familiares de los jóvenes, el gobierno mexicano y la CIDH alcanzaran un acuerdo de asistencia técnica. El sexto informe de 322 páginas pone de manifiesto la resistencia del Ejército para entregar información que hubiera sido útil para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos.
Gracias a la elaboración de un mapa de localización de comunicaciones, el GIEI descubrió que agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estuvieron en las zonas de la fatídica noche del 26 al 27 de septiembre. Los investigadores aseguran que existió una comunicación «permanente» y «bidireccional» entre esta instancia y el C4 (Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicación) y acreditaron que la Sedena conocía los movimientos del grupo delictivo Guerreros Unidos esa noche y los días siguientes. Sin embargo, la entidad que depende del poder ejecutivo mexicano no accionó.
En cuanto a la Secretaría de Marina (Semar), aunque no hay información de que interviniera el 26 y 27 de septiembre, lo habría hecho inmediatamente después. «Dicen que participaron en cuestiones de seguridad perimetral, pero sabemos que miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos», sentenciaron Beristáin y Buitrago en la conferencia de prensa en la que presentaron el informe. Además miembros de la Semar habrían realizado un operativo de inteligencia de carácter reservado, llevando a cabo detenciones y torturas, hechos que derivaron en la muerte de dos personas.
División en grupos y varios interrogantes
El estudio y mapeo de la telefonía realizado por el GIEI muestra detalles desconocidos hasta el momento, como el papel del Centro de Inteligencia que realizó un seguimiento exhaustivo de la actividad de los jóvenes ese día. El grupo de expertos estableció que llegaron al «avanzado entendimiento» de que los jóvenes fueron divididos en tres grupos y que después de eso habrían sido repartidos en otros grupos que «no fueron llevados a un mismo lugar».
Los investigadores recolectaron un mensaje cifrado de la Sedena que contiene información sobre 11 detenidos. A través de un teléfono, una persona le pregunta a otra: «Comadre, ¿Te tocaron los 11 detenidos del desmadre de ayer o sabes donde están los 11 detenidos que llevaron ayer a Chilpancingo?». Otro documento escrito del 4 de octubre de 2014 señala que algunos de los estudiantes estaban en una cueva, pero no se dan mayores detalles.
La pista se pierde después de que los estudiantes se dividen en varios grupos. Aunque hay investigaciones abiertas, a nueve años del crímen no se sabe qué hicieron los miembros del cártel Guerreros Unidos ni las fuerzas de seguridad con ellos. En el informe del GIEI se mencionan testigos que dijeron que los estudiantes habían terminado en crematorios de la ciudad de Iguala, y también se habla de la barranca de la Carnicería donde en 2020 y 2021 se encontraron restos de dos de los jóvenes desaparecidos, Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero.
La investigación oficial del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) apuntaba como «verdad histórica» que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un basural. Pero el GIEI revisó el caso y tiró abajo la versión oficial alegando que habría sido imposible que los quemaran en ese lugar, agregando que varios estudiantes permanecieron vivos por días después de los hechos.
En su sexto y último informe, el panel de expertos descubrió que la Marina intervino en el río San Juan al menos dos días antes de lo señalado y documentado legalmente, donde ya era evidente la existencia de varias bolsas con huesos, y no solo una como se sostuvo oficialmente, la cual habría sido descubierta el 29 de octubre de 2014.
La reacción de AMLO
Pese a la contundencia del informe del GIEI, López Obrador, también hoy comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sigue defendiendo el trabajo de esas fuerzas. «No hay impunidad y se está actuando. Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Respeto su punto de vista (del GIEI) pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de la Marina y Defensa», sostuvo el jueves en su rueda de prensa diaria.
En casi nueve años la investigación ha producido 115 detenidos, incluyendo al extitular de la extinta Procuraduría General de la República Jesús Murillo Karam (2012-2015) y dos generales. En junio, ocho militares también fueron capturados para ser investigados por el delito de desaparición forzada. Otras autoridades y policías locales permanecen en la cárcel por estos hechos.
López Obrador informó además que recibió una carta en la que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó su interés por ayudar en la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, implicado en el caso Ayotzinapa. México había anunciado desde septiembre de 2020 la solicitud para extraditar desde Israel a Zerón, exfuncionario del sexenio de Peña Nieto acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso.
El mandatario mexicano, que no irá por la reelección el próxima año, sostuvo que en el caso está ayudando también el gobierno de Estados Unidos. «Tenían grabaciones de algunos miembros de la delincuencia que habían participado. Le solicitamos la cooperación, le pedí a la vicepresidenta Kamala Harris esas grabaciones y nos las enviaron, de esta manera estamos avanzando en la investigación», apuntó López Obrador.
Pero las promesas del gobierno son insuficientes para los familiares de los jovenes desaparecidos, que exigen una reunión urgente con el jefe de Estado. Los expertos del GIEI cerraron su trabajo de investigación, aunque se marchan exigiendo «una perspectiva crítica respecto a una manera de entender el papel del poder militar que ayude a la construcción de la democracia». Para Beristáin y Buitrago, «las víctimas y familiares, así como la sociedad, necesitan el compromiso real con la verdad».