El exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, y el abogado Guido Leonardo Croxatto llegaron este lunes a una convulsionada Perú, donde desarrollarán una agenda cargada en la que mantendrán reuniones con juristas, congresistas, activistas de derechos humanos y recibirán distinciones académicas. En diálogo con Página/12, Croxatto resaltó que este viaje tiene como objetivo «consolidar una mirada común para pensar un derecho latinoamericano distinto que no copie todo lo que viene de afuera, dándole la espalda a nuestra historia e intereses».
En medio de protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones generales para este año, Zaffaroni y Croxatto recibirán el martes la máxima distinción del Colegio de Abogados de Lima. Luego darán una conferencia en el ministerio de Justicia: Zaffaroni hablará de derecho penal y Croxatto de «culpabilidad por vulnerabilidad», un concepto de Zaffaroni que Perú incluyó en su Código Penal.
En la continuidad de la agenda que se extenderá por una semana, ambos recibirán el doctorado honoris causa de la Universidad del Cusco y de Huánuco, y darán una conferencia en Puno. En el medio se juntarán con representantes de organismos de derechos humanos, jueces y la diputada Sigrid Bazán, muy crítica del accionar represivo de las fuerzas de seguridad al mando de Boluarte.
«Era un viaje programado antes de la pandemia donde nos daban estos premios como maestro y discípulo. La idea es expandir la mirada humanista crítica del derecho penal represivo en América latina«, explica a este diario Croxatto, quien llama a desarrollar una «crítica de las ideas coloniales en la región» que rechace «las políticas carcelarias anti-pobres que nunca criminalizan el delito de guante blanco».
Zaffaroni es exministro de la Corte Suprema, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y profesor emérito de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Por su parte, Croxatto es abogado especialista en Derechos Humanos de la UBA y dirige ad–honorem el Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social con sede en Lima, formado por jóvenes abogados de izquierda.