Condena simbólica al Estado colombiano por 16 muertes durante las protestas de 2021

El tribunal popular del barrio Siloé condenó de forma simbólica al Estado colombiano por las muertes ocurridas en esa zona de Cali durante las masivas protestas de 2021 en contra del gobierno del expresidente Iván Duque. En el juicio participó un panel de magistrados de Argentina, Estados Unidos, Portugal, Cuba, México, España, Ecuador, Alemania y Bolivia que documentó los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad entre el 28 de abril y el 12 de junio de ese año. El fallo no es vinculante pero constituye una reparación para las familias que siguen implorando justicia por las víctimas.

La sentencia denuncia «el carácter clasista y racista de la represión estatal» y pone entre los principales responsables al expresidente Duque y a su último ministro de Defensa, Diego Molano. Al respecto el presidente del tribunal popular, el sociólogo Daniel Feierstein, explicó: «La articulación de los hechos nos permite identificar la existencia de un genocidio continuado en Colombia, conceptualización utilizada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en su sentencia de abril de 2021″.

La vida en Siloé

Siloé es uno de los barrios más pobres de Cali, la capital del departamento de Valle del Cauca, y durante 2021 fue el epicentro de algunas de las concentraciones y bloqueos más importantes de toda Colombia. De acuerdo a parte de la sentencia a la que tuvo acceso Página/12, Siloé es una amplificación de la realidad del país: «Un modelo económico y social excluyente y un Estado modelado a partir de una matriz bélica que militariza los conflictos y criminaliza a los grupos marginados con un persistente y exacerbado recurso a la violencia estatal y paraestatal».

El aparato represivo del Estado colombiano, según relata la sentencia del tribunal popular, aplicó selectivamente la violencia contra los sectores más marginales y pobres de la ciudadanía, en especial los jóvenes. En ese contexto se desató la llamada «Operación Siloé», iniciada el tres de mayo por la noche contra la población que se encontraba reunida en una «Velatón» pacífica en memoria de los muertos, en las inmediaciones de la rotonda del barrio.

Como si se tratara de un operativo en una favela de Brasil, aquella noche Siloé vivió una incursión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y de grupos especiales de policías y militares que irrumpieron con fusiles de asalto en distintas cuadras del barrio. Solo ese día fueron asesinados con disparos de arma de fuego Kevin Anthony Agudelo, José Emilson Ambuila y Harold Antonio Rodríguez, y al menos 22 resultaron gravemente heridos.

Hacia 2021 el 83,4 por ciento de la población de Siloé pertenecía al estrato uno, que es el más empobrecido, en donde coexisten «formas heterogéneas y multidimensionales de pobreza» de acuerdo a la sentencia del tribunal popular, que agrega: «El barrio se formó a partir de sucesivas olas de migraciones del campo a la ciudad y los desplazamientos forzados por la violencia propia del conflicto interno que ha vivido el país desde hace décadas o por falta de oportunidades económicas que padece la población empobrecida».

Los principales hallazgos

El tribunal popular recolectó información y concluyó que durante los 46 días de protesta analizados hubo 16 asesinatos en Siloé, en los cuales dos de las víctimas eran menores de 15 y 17 años. El tribunal también indicó que hubo 136 heridos por el uso desmedido de la fuerza, 74 que sufrieron tratos crueles e inhumanos, 73 retenidos arbitrariamente y 48 heridos por armas de fuego. 

La magistrada cubana Yoanka León del Río valoró «la amplia evidencia recaudada en los testimonios, la prensa, pruebas escritas y videos donde se buscó establecer la verdad sobre las violaciones a derechos humanos cometidas contra los pobladores y residentes de la comunidad de Siloé». Se hizo una calificación jurídica de los hechos al afirmar que el Estado incurrió en «tentativa y ejecución extrajudicial, genocidio continuado, desplazamiento forzado, estigmatización, marginación y exclusión».

Además el tribunal popular señaló como responsables de estos hechos al expresidente Iván Duque, a quien fuera su último ministro de Defensa, Diego Molano; al excomandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, y a los altos mandos de la policía en Colombia y Cali en los meses en que sucedieron los hechos. También fueron señalados como responsables el fiscal general, Francisco Barbosa; el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.

Omaira Cerón, madre de uno de uno de los jóvenes asesinados en Siloé, planteó que «el tribunal ha hecho lo que nuestra justicia colombiana nunca hará, pero que queda como precedente para que nunca más haya impunidad». En la misma línea Italia Pérez, madre de otro de los muertos durante una marcha en el sector de La Glorieta, remarcó el papel del tribunal al explicar: «El gobierno nacional estaba invitado a este evento pero no llegaron. La sentencia que se da es algo que ya conocemos y es que el Estado actuó de manera indebida. Mi hijo era como muchos jóvenes que querían un cambio y no unos vándalos, como los terminaron catalogando«.

Violencia amplificada

De acuerdo al fallo del tribunal popular, «sin lugar a dudas lo ocurrido en Siloé es solo una muestra de la tragedia histórica agenciada por el Estado colombiano al no reconocer y tramitar las exigencias sociales, así como por irrespetar el derecho a la protesta social, baluarte de todos los pueblos». Los magistrados esperan que las instancias de justicia formal, nacionales e internacionales, «cumplan su papel para que no prevalezca la impunidad y se castigue a todos los responsables».

Para el panel de jueces copresidido por el argentino Daniel Feierstein y la estadounidense Jo-Marie Burt, la violencia ejercida por el Estado colombiano tiene una magnitud diferente a la de cualquier otro país de América latina. «En Colombia el régimen democrático se mantuvo formalmente, aunque en la acción política predominó la lógica de la guerra y el recurso al estado de sitio fue casi permanente», plantea la sentencia, agregando que derivada de esa lógica de la guerra, hubo «una persistente tendencia a la militarización de los conflictos sociales, a través del tiempo complejizada con estrategias de contrainsurgencia, el paramilitarismo y su vinculación con las estructuras del narcotráfico».

Al respecto, el magistrado alemán Raúl Zelik dijo al portal Colombia Informa: «El Estado respondió a las protestas con una violencia dramática. Si esto hubiera ocurrido en otro país que no fuera socio de la OTAN, sin duda habría sido un escándalo enorme. Después de más de un año de investigación por parte de un equipo profesional interdisciplinario e internacional –y de recopilación de material probatorio–, salieron varios casos a la luz que antes no se conocían y se logró identificar claramente la responsabilidad de la Fuerza Pública».

Este lunes el tribunal planteó que «los servidores públicos abusaron del uso de la fuerza como parte de un comportamiento estatal que no ha sido ajustado al deber ser, a pesar de la serie de condenas ante la justicia interamericana», y espera que el fallo repercuta en la justicia ordinaria, donde se abrieron procesos pero no avanzan. Por tres de las 16 muertes registradas durante las protestas en Siloé, están bajo investigación el teniente Néstor Fabio Mancilla del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, y el coronel Édgar Vega Gómez, de la Policía Metropolitana de Cali.

El tribunal popular de Siloé es uno de los primeros esfuerzos que realizan las comunidades de la región para evitar el olvido y la falta de justicia frente a los excesos del Estado. Para los jueces la sentencia se profiere «acudiendo a la ética ciudadana, la que nos compromete a la búsqueda de la verdad, la exigencia de justicia y reparación integral con garantías de no repetición, para que Nunca Más ninguna otra persona en ningún lugar del planeta sea sometida a aberraciones indignantes tras la acción u omisión de los Estados». La audiencia final tuvo lugar en el colegio público Eustaquio Palacios y en ella participaron familiares de las víctimas y organizaciones sociales.