La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue interrogada este lunes por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en la represión de las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo, que dejaron al menos 48 civiles muertos. Boluarte fue citada por la fiscal general peruana, Patricia Benavides, como parte de la investigación por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
«Se informa que la presidenta de la República, Dina Boluarte, culminó su presentación ante la Fiscalía de Perú, donde brindó declaraciones respecto a las investigaciones que sigue el Ministerio Público», señaló la presidencia peruana en Twitter. Boluarte ingresó a la sede de la Fiscalía hacia las 8:50 horas locales a bordo de un vehículo oficial, que una hora y cuarto después salió rumbo al Palacio de Gobierno, ubicado a pocas cuadras, sin que la gobernante ofreciera declaraciones a los medios.
En esta investigación preliminar se incluye al actual primer ministro, Alberto Otárola, y a su antecesor, Pedro Angulo, así como al ministro de Defensa, Jorge Chávez, y a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes. Al tratarse de altos funcionarios, el caso está a cargo de la fiscal general Benavides y compete al despacho del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.
Boluarte puede ser investigada pero no llamada a juicio mientras ejerza su mandato hasta 2026 por el fuero presidencial que le otorga la Constitución. Según el abogado penalista Andy Carrión, la presidenta podría pasar de 15 a 20 años en la cárcel por el delito de homicidio calificado por omisión y lesiones graves. Sin embargo existen muy pocas posibilidades de que se dicte una pena por el delito de genocidio, de acuerdo al diario La República.
El pasado fin de semana la abogada de Boluarte, Kelly Montenegro, declaró que la presidenta había decidido acudir a la citación en la sede del Ministerio Público a pesar de que inicialmente pidió que su declaración se realice de forma virtual. Ella tiene «toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto», dijo Montenegro al diario El Comercio.
Las víctimas de las protestas
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el pasado siete de diciembre y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con la policía y los militares exigiendo la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Maestro rural de 53 años y líder gremial, Castillo cumple prisión preventiva en el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la policía, al este de Lima.
Según la Defensoría del Pueblo, al menos 48 civiles murieron por la represión de las fuerzas de seguridad, mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado vivo y otras 11 personas fallecieron debido a los cortes de ruta de los manifestantes. Boluarte confirmó otro fallecimiento por estas mismas causas, el de un paciente que quedó retenido en los bloqueos, y Unicef informó del deceso de un bebé nonato, además de la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad, reportada por la policía.
Este lunes se confirmó la muerte de seis militares que se ahogaron al intentar cruzar el río Ilave, en el sur del país, para evitar en teoría un enfrentamiento con manifestantes de esa zona de la región de Puno, donde se mantienen los bloqueos de caminos y paros desde enero pasado tras una dura represión que provocó la muerte de 18 personas en la ciudad de Juliaca.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, responsabilizó por la muerte de los seis soldados a un grupo de manifestantes que «atacó» con una «lluvia de piedras» a la tropa que, aseguró, fue «asediada». En una entrevista con la emisora RPP, el general ratificó que «los atacantes» provocaron, el domingo pasado, el ahogo y el posterior fallecimiento de los seis militares que supuestamente huían de la «gente del lugar» que participaba de las manifestaciones.
Sin embargo, fuentes de la zona aseguraron a la agencia EFE que, cuando los pobladores de Ilave vieron el domingo llegar a los militares, rechazaron su presencia en la localidad, pero, una vez que observaron que se estaban ahogando en el río, los ayudaron a salir del caudal. Relataron que, cuando los soldados llegaron convalecientes a la orilla, fueron atendidos por los propios pobladores, que intentaron proteger sus vidas dándoles agua, ropa seca y hojas de coca, y también llevándolos a hospitales cercanos.